La convulsa actualidad política, in crescendo cada día que pasa por el reiterado recurso de este desgobierno al despropósito político, ha vuelto a superar todas las expectativas. El asalto a la democracia perpetrado por esta coalición de perdedores, en su intento de subvertir el Estado de Derecho con un descarado fraude procedimental, ha encendido todas las alarmas. Anular las competencias de la Cámara Alta, con subterfugios legales, es otra de esas argucias de la nueva mayoría revisionista. Un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática que evidencia la esencia totalitaria y absolutista de esta nueva izquierda decimonónica.

El bueno del estagirita ya lo advertía allá por el siglo IV a.C., al afirmar que era imprescindible y necesario dividir las funciones entre los órganos deliberativos, los administrativos y los judiciales para evitar el abuso de poder y garantizar el normal ejercicio de las libertades por los ciudadanos. Un tema nada baladí que más tarde recogió otro Ilustrado de reconocido prestigio. Montesquieu, uno de los más influyentes pensadores de la Historia Moderna también apuntaló esa Teoría, proclamando que “Si los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial estuvieran separados en tres personas o entidades diferentes, por contra, se evitaría que el gobierno acabara siendo déspota o tiránico”. Y aunque es un principio compartido y desarrollado por las democracias avanzadas, cuando la izquierda alcanza el poder, se encarga de recordarnos el brutal epitafio que Alfonso Guerra pronunció en su día, “Montesquieu ha muerto”, para atrincherarse en la errónea lectura del denostado Maquiavelo, “el fin justifica los medios”.

Una situación inédita que ha convulsionado los cimientos de nuestra democracia. No podemos olvidar que España disfruta de una democracia plena, avalada por el Índice de Democracia que anualmente publica The Economist que nos sitúa en la élite mundial. Un indicador que desmonta la estrategia nacional-populista-socialista, de devaluar y menospreciar constantemente nuestras instituciones. Un escenario negativo para generar una atmósfera favorable a sus intereses. Unas instituciones que muy a su pesar, gozan de una buena salud, como también certificaba Freedom House, un año más.

Un choque de trenes para seguir gestionando el caos. Un caos en el que la izquierda se mueve como pez en el agua. Es su ecosistema natural, gestionar el conflicto permanente para difuminar la realidad, retorcerla a su antojo y trasladar una imagen idílica de su ansiada Arcadia, la dictadura del proletariado. Una ensoñación que ha sido superada por la propia historia y que el socialismo, el original y el escindido, se niegan a asumir. El Ejecutivo ha buscado alterar el procedimiento legislativo, causando no solo un déficit democrático, sino generando una inseguridad jurídica que el Legislativo tiene la obligación de evitar. Por eso hay que aplaudir la valiente decisión de la Mesa del Congreso, defendiendo la legalidad.

La querencia totalitaria que desprende la iniciativa, es propia de aquellos que asesoran, aplauden y avalan a regímenes totalitarios. Regímenes que son puestos como ejemplos a seguir y donde la falta de libertad y la miseria democrática, social y económica desmontan todo artificio intelectual de sus bien remuneradas élites. Porque no podemos olvidar que en España existe división de poderes y en base a ello, es el poder legislativo quien controla al ejecutivo y no al revés. Democracia se llama.

Juan Vicente Pérez Aras

Diputado PP por Valencia