El plan propone invertir 200 millones de euros en sedes judiciales, de los  que 53,3 millones serán para  las instalaciones de Alicante, y 18 millones  se invertirán en Gandía

 

El Consell de la Generalitat pondrá encima de la mesa, en los próximos días, un nuevo plan para construir y rehabilitar nuevas sedes judiciales, cuya principal novedad será la reactivación de las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante, la única actuación judicial en una gran ciudad sin finalizar, ya que las actuaciones fueron paralizadas por el anterior ejecutivo a consecuencia de la crisis.

Así, lo han anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, en la presentación del Plan de Infraestructuras Judiciales para la Comunitat Valenciana, en un acto que ha contado con la presencia de algunos alcaldes, como el de Alicante, Luis Barcala, y la de Gandía, Diana Morant, además de la presidenta del TSJCV; Pilar de la Oliva.

Puig ha explicado que este plan pretende impulsar un sistema de justicia “moderno, sostenible, seguro, eficiente y eficaz” mediante el fomento de unas infraestructuras “dignas”, y ha hecho hincapié en la necesidad de “reparar los derechos a través de la inversión“, al tiempo que ha señalado la importancia de que la ciudadanía tenga el acceso “en igualdad de condiciones” a una justicia “eficiente”.

Así, prevé la construcción de once nuevos inmuebles, entre los que se encuentra, la Ciudad de la Justicia de Alicante, la rehabilitación integral de seis sedes, entre las que se encuentra el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) y catorce actuaciones para mejorar la eficiencia energética y la climatización.

En concreto, el plan recoge la construcción de nuevos inmuebles, entre los que destaca una inversión de 53,3 millones de euros para la nueva Ciudad de la Justicia en Alicante, cuyas obras está previsto que  comiencen en septiembre de 2019 y finalicen a principios de 2022, así como 17,5 millones para el Palacio de la Justicia de Gandía, que tambén una inversión de 616.000 euros para la nueva Fiscalía.

Asimismo, contempla nuevas sedes en diferentes localidades de la Comunitat: 2,5 millones para nuevos juzgados en la Vila Joiosa; 14 millones en Alzira; 750.000 euros en Mislata; 17 millones para el nuevo juzgado en Llíria y otros 17 millones en Torrent.

De igual modo, recoge una inversión de 1,5 millones en Orihuela; 600.000 para la construcción de nueva sede en Sueca y también prevé construir en Xàtiva, aunque sin detallar asignación presupuestaria.

Por otro lado, se acometerá la reforma integral de diferentes sedes judiciales: la del TSJCV que cuenta con un presupuesto de 25,2 millones y un plazo estimado de ejecución de obra de cinco años; 24,5 millones para los juzgados de Benalúa en Alicante; un millón de euros para los inmuebles en Nules; 1,6 millones en Vinaròs y 1,1 millones en Torrevieja.

Además, se realizarán actuaciones de eficiencia energética y mejora de la climatización en el TSJCV; la Ciudad de la Justicia de Valencia y en los edificios de la Administración de Justicia de Benidorm, Novelda, Elda, Villena, Paterna, Alicante, Castellón, Segorbe, Elche, Sagunto, Quart de Poblet y Vinaròs.

Satisfacción en Gandía y dudas de Alicante

La alcaldesa de Gandía, Diana Morant, quien ha asistido al acto, ha manifestado su satisfacción por la inversión de 17,5 millones para el Palacio de la Justicia de Gandía y 616.000 euros para la nueva Fiscalía en Gandía, pues, “demuestra que Gandía es importante para el Consell  de la Generalitat”, así como su apuesta clara y firme por la justicia “al convertir las reivindicaciones en realidades”.

Según Morant, es un día de alegría y esperanza para la ciudad porque dentro de este plan, aparece Gandía cómo una de las grandes beneficiadas: “Gandía es la tercera ciudad que más inversión recibe de la Comunidad Valenciana después de Alicante y Valencia”. En su opinión, “el Palacio de Justicia ha sido demandado desde hace décadas tanto por el colectivo de profesionales de la justicia como por los ciudadanos, que veían cómo mientras avanzaba y crecía la ciudad y mejoraban sus servicios, el mundo judicial se quedaba relegado y obsoleto por la carencia de inversión durante tantos años por parte de los gobiernos del Partido Popular en la Generalitat”.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha mostrado su “satisfacción” por el anuncio de la licitación de la redacción del proyecto como el principio de unas inversiones que están pospuestas para la siguiente legislatura, aunque ha mostrado “dudas sobre su ejecución”, pues, “no es la primera vez que se hace este anuncio ya son muchos los años que llevamos esperando y escuchando que se va a poner en marcha este proyecto, hoy vemos que hay una hoja de ruta ”, aseveró el alcalde popular.

Ante el anuncio de la inversión de 53,3 millones de euros para la Ciudad de la Justicia, el primer edil ha trasladado sus dudas a la conselleria ya que presupuesta también con 24,5 millones de euros una inversión posterior de la reforma del Palacio de Benalúa destacando que “no me gustaría que eso significara que la ciudad de la justicia pudiera nacer pequeña y fuera necesario mantener estas instalaciones antiguas. Esta cuestión la hemos pospuesto para una reunión que mantendremos posteriormente para aclarar y abordar los usos y su rehabilitación”.

De igual manera, ha ofrecido su apoyo y ha señalado que por parte del Ayuntamiento de Alicante se van a poner todos los medios para que ese proyecto sea una realidad, incidiendo en que “hay ciudades que tienen su ciudad de la justicia desde hace años”, y aclarando que con Alicante existe una clara deuda a nivel de instalaciones de justicia que “es larga, antigua y onerosa y esperemos que sea perfectamente asumible y ejecutable”.