El socialista descarta que sería “buena opción” al haber mucha gente que colaboró con el ‘yonki del dinero’, y advierte que no puede repertir lo de Alicante con Barcala

 

El pleno de Les Corts estuvo centrado fundamentalmente en la aprobación de diversas leyes pendientes, como la de responsabilidad social corporativa, pero el debate se trasladó a los pasillos. Ahí, ‘Operación Alquería’ fue la protagonista, donde los grupos de la oposición coincidieron en la necesidad de acabar con Divalterra, la empresa implicada en los escándalos judiciales de la corporación. El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha sido tajante al afirmar que Divalterra es una empresa pública que “merecería no existir” por “su tradición y su actualidad”, y ha añadido que estaría “contentísimo” si se liquidara la antigua Imelsa.

Mata se ha pronunciado así en los pasillos de Les Corts, donde Podem ha destacado que se tendría que haber acabado con esa empresa pública en 2016 y ha instado al futuro presidente de la Diputación de Valencia a hacerlo, mientras que el PP ha pedido que se mantenga, porque los trabajadores no tienen por qué pagar la gestión política.

El dirigente socialista ha augurado que cuando haya nuevo presidente en la Diputación de Valencia “tomará una decisión muy pertinente” con Divalterra, y a la pregunta de si esa decisión será cerrarla ha afirmado que no lo sabe, “pero sería una buena opción”.

Mata ha calificado de “respetable” que Esquerra Unida ponga como condición para apoyar al socialista Toni Gaspar como presidente de la Diputación el que se disuelve Divalterra, aunque ha afirmado que por encima de eso está “que haya un presidente” y que este “sea progresista” y nos les hagan “un Barcala”, en alusión al proceso municipal que desembocó en el nombramiento del popular Luis Barcala como alcalde de Alicante.

De igual manera, ha admitido que disolver Divalterra puede tener “un coste de despidos y de reestructuración que es complejo jurídicamente”, pero también ha alertado de que en esa empresa “hay mucha gente aún que estuvo ayudando al yonqui del dinero a hacer cosas, y además en cargos directivos”.

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha indicado que “no se puede entrar como un elefante por cacharrería”, y por eso vienen proponiendo desde 2016 la disolución de Divalterra, contemplado los derechos laborales de los trabajadores. En su opinión, “es evidente que ni la gestión ni el papel que cumple Divalterra ha sido algo prioritario en los años que lleva este Gobierno en la Diputación”, ha aseverado Estañ, quien ha añadido que ahora se suma a eso “un caso de corrupción que vuelve a repetir patrones que se daban en la antigua Imelsa”.

Por ello, ha indicado que el nuevo Gobierno que se constituya debe tener en cuenta dos objetivos: “acabar” con Divalterra “de la forma más ordenada posible”, para lo que ha habido “tiempo suficiente”, y generar el marco legal para vaciar de competencias a las Diputaciones, hasta que se puedan “eliminar”.

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha dicho que “el problema no es la empresa”, sino quiénes la gestionan, y ha anunciado que, si el PP gana las próximas elecciones y gobierna en la Generalitat y las diputaciones, las empresas públicas serán sometidas “exactamente a los mismos controles” de legalidad que la Administración. A su juicio, lo que ha “fallado” en Divalterra ha sido “la dirección política”, no los controles, “y eso no lo tienen que pagar los trabajadores, que realizan una labor que es necesaria y que hay que conservar y mantener”.