El PP-CV respalda una iniciativa que reconoce que su corrupción es un sistema organizado para delinquir, reconociendo implícitamente su financiación  irregular

 

El pleno de Les Corts ha aprobado reclamar al Consell una inspección de los contratos en vigor de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Gürtel, rechazada por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que se  postuló en contra de la investigación por entender que no aportaría datos relevantes. La iniciativa también impulsa una Oficina Valenciana de Supervisión de la Contratación, con los votos a favor de todos los grupos, incluido el PP-CV, salvo el grupo Ciudadanos, que rechaza la creación de este nuevo órgano.

La iniciativa ha partido de Podem, y ha incorporado la propuesta del PSPV y Compromís de crear esa oficina, y pide también que el Consell informe a Les Corts sobre qué contratos de empresarios vinculados a la trama se han firmado esta legislatura y cuáles han sido las garantías legales para realizar dichas contrataciones.

De igual manera, la iniciativa exige analizar los contratos con estas empresas que todavía trabajan con la Generalitat para, en el caso de detectarse irregularidades o que incumplan la legalidad contractual, cancelarlos y establecer las multas oportunas.

El PP-CV ha respaldado la iniciativa pese a que pedía, sin éxito, crear también un registro público con las empresas participantes en contratos públicos y adjudicatarias, y si su titular, socios o administradores guardan parentesco con algún alto cargo del Consell, detallando el grado de relación y el alto cargo afectado. Además, planteaba sustituir las referencias a la trama Gürtel por “casos de corrupción”.

Reconocimiento de la financiación ilegal

Con su respaldo a la iniciativa, los populares han reconocido que su partido estaba financiado de manera ilegal, así como los casos de corrupción, tal y como figura en la exposición de motivos de la Proposición No de Ley, en la que se recoge  que a lo largo de las declaraciones realizadas en la Audiencia Nacional en el marco del caso Gürtel “se ha puesto en evidencia que la corrupción en el Comunitat Valenciana no ha sido un caso aislado, sino un sistema organizado para delinquir tal y como se recoge en los informes policiales y en los autos policiales”.

Además, en la iniciativa, se recoge la financiación ilegal del PP-CV al incluir que “nueve empresarios han reconocido que financiaron al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008, admitiendo así el delito electoral y el continuado de falsedad para evitar la prisión con el pago de una multa de dos millones de euros”.

Durante el debate de la iniciativa, donde no estuvo presente la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, nadie en el PP-CV rechazo estos argumentos incluidos en la exposición de motivos, lo que supone implícitamente un reconocimiento de los mismos, más cuando nadie los rechazó durante la discusión, y se respaldó la iniciativa.

Así, durante su intervención, el diputado popular, Fernando Pastor, aseguró que “no pueden poner como ejemplo que Fiscalía esté investigando 43 millones de euros, que ya no es el huevo kínder, de contratos sin adjudicar a empresas que en muchos casos son las que acaba de mencionar, de la trama Gürtel”, y pidió hablar “de casos de corrupción, no sólo de la Gürtel” y crear un registro “fácil, lógica” aunque pueda incomodar a “algunos”.

Además, ha preguntado por las medidas del Consell contra la corrupción y ha cuestionado si son ejemplos de regeneración y buen gobierno “medidas como la contratación a dedo un 20% más que en el último gobierno del PP o cuando la videpresidenta encubre y protege a un alto cargo que dedica su tiempo a insultar a personas de otros partidos”.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha acusado al PP de intentar “desviar el foco” del debate, “embarrar” y querer “igualar un registro con relaciones de parentesco con una confesión y no es lo mismo”. “Traigan a otro debate esa propuesta y la debatiremos”, ha asegurado, para indicar que esta propuesta nace de que desde el Consell “en algunas facetas que no son las más visibles no se está haciendo todo lo posible”.

Estañ durante el debate ha insistido en los argumentos de la exposición de motivos, que fundamentan la iniciativa sobre todo la financiación ilegal, y ha puntualizado que se sabe “todos los que están, pero no todos los que son”. En su opinión, estos empresarios, que ha nombrado uno por uno, “son la parte menos visible del modelo del PP que ha asfixiado y parasitado esta comunidad y esta no fue derrotada en las urnas en 2015 porque el PP ya se ocupó de asegurar que su modelo permanecería intacto y hay quienes mantienen contratas larguísimas con la administración” como el caso de Enrique Ortiz con su gestión deficiente de las basuras al más puro estilo napolitano”.

Por ello, según ha explicado,  “hay que empezar por marcar de cerca a los corruptores confesos y mandar el mensaje de que la corrupción no sale rentable”, pese a reconocer las dificultades legales de rescindir estos contratos, ya que, hasta el momento, “siguen ganando concursos y contratas y esta situación traslada un mensaje terrible, que la corrupción acaba saliendo”.

Por su parte, el diputado de  Ciudadanos, Toni Subiela, ha explicado que si bien su grupo estaba a favor de la propuesta, con la inclusión de una nueva oficina están en contra, al suponer “otro chiringuito” y ha preguntado a Podem si “tiene dudas de que el Consell esté aplicando correctamente la ley” o si piensa que “está haciendo lo mismo que el PP” y por ello quiere esa inspección que, en su opinión, equivale a “llamar presuntos corruptos al Consell actual, lo que está haciendo es eso”.