Les Corts aprueban la nueva ley de turismo que regula los apartamentos turísticos y donde el Ocio hace historia

 

Al fin, y después de mucho tiempo solicitando el reconocimiento del Ocio, por fin se le reconoce como motor económico indiscutible de la Comunitat Valenciana. La Ley recoge aspectos ampliamente beneficiosos para el sector, así como la aplicación del Código Ético del Turismo Valenciano, asumiendo la construcción de un nuevo relato turístico basado en la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Un punto muy importante de la nueva Ley es la eliminación de prácticas no deseadas en el sector del turismo y el ocio, con un procedimiento sancionador para eliminar conductas picarescas. Así como, una serie de medidas que fomentan la economía basada en principios éticos y de responsabilidad.

Hay que recordar que, el 14% del PIB, proviene de nuestra industria turística. Esta Ley, viene a renovar y actualizar, una normativa ya caduca y que, desde nuestro punto de vista, es una Ley valiente, que afronta los grandes problemas del sector.

Introduce, nuevas palabras: OCIO y HOSPITALIDAD. Palabras que habrá que potenciar y desarrollar, junto con los agentes implicados, con responsabilidad y concienciación, buscando el compromiso turístico, ejecutando planes de intervención turística, y regulando sus recursos.

Regulación de los apartamentos turísticos

Además, la nueva ley aprobada en el pleno de Les Corts permitirá a los ayuntamientos la regulación de los apartamentos turísticos.

En concreto, la ley, regula las viviendas de uso turístico que define como los inmuebles completos, cualquiera que sea su tipología, que, contando con el informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso, se ceda mediante precio, con habitualidad, en condiciones de inmediata disponibilidad y con fines turísticos, vacacionales o de ocio. Además, contempla la posibilidad de que los municipios puedan elaborar sus planes de ordenación de los recursos turísticos (PORT).

De igual manera, recoge multas para las infracciones muy graves que van desde los 100.001 a 600.000 euros o la clausura del establecimiento o cese de la actividad o del servicio turístico.