• Plantea un Plan de Infraestructuras Judiciales que prevé 8 millones para nuevos edificios y 2,5 millones para reformas
  • Presenta una PNL para instar al Consell a sumarse al Gobierno en una estrategia cuyo objetivo sea alcanzar un sistema de gestión procesal y critica que Bravo opte por el sistema navarro, el peor valorado por los expertos
  • Bastidas anuncia que el PP pedirá al Congreso y al Ministerio la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer efectiva la carrera profesional

 

La portavoz de Justicia del GPP, María José Ferrer San-Segundo, ha adelantado hoy que el PP ha presentado una batería de enmiendas en materia de Justicia entre las que se encuentra la creación de un Plan Urgente de Examen y Actuaciones en materia de seguridad, prevención de incendios y emergencias en todos los edificios públicos, un plan que contaría con una dotación de 1,2 millones de euros.

La portavoz se ha expresado en estos términos durante la rueda de prensa ofrecida junto a la diputada nacional y vicesecretaria regional, Elena Bastidas, y ha explicado que estas actuaciones “son absolutamente necesarias para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores de las instalaciones de Justicia como de las personas que acceden a ellas, y más desde el incendio de la Ciudad de la Justicia de Valencia a principios de septiembre, que es el segundo en este año allí, a lo que se ha sumado el conato de chispazo con apagón de la semana pasada”.

Por ello, propone destinar 600.000 euros a la revisión de todas las instalaciones, especialmente eléctricas, así como sistemas de prevención y alerta contra incendios, inundaciones y cualquier otro tipo de siniestro, planes de emergencia, evacuación, simulacros, cámaras y herramientas de seguridad o vigilancia, en todas las sedes y edificios de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana y 600.000 para las sedes y oficinas de la Administración de la Generalitat.

San-Segundo ha señalado que han pasado 3 meses y la consellera “aún no ha explicado las causas del incendio, que es algo distinto al foco, ni ha justificado el cumplimento de las medidas de prevención y revisión, especialmente en el sistema eléctrico, las de alarma, alertas y vigilancia.”

Así, ha señalado que Gabriela Bravo “oculta información, porque lo que sabe, y no dice, evidencia su responsabilidad por negligencia” y “la protección de la seguridad y salud de empleados públicos y usuarios no puede estar en peligro, por lo que hacen falta medidas urgentes”.

Plan de Infraestructuras judiciales

El GPP también ha solicitado la puesta en marcha de un Plan de Infraestructuras Judiciales que prevé la construcción de nuevos edificios, la reforma de algunos de ellos y la ejecución de los que estaban pendientes. Actualmente, ha criticado, el PGV “sólo prevé 2 millones de euros, para la construcción de nuevos edificios, algo insuficiente para esta necesidad, por lo que hemos enmendado para dotarles con  8 millones euros más” que se sumarían a los 2,5 millones de reforma de edificios.

Dos partidas a las que se sumarían las obras que deben ser ejecutadas como los más de 8 millones previstos para Reforma en sedes de las que solo se adjudicaron 1,3 millones que se suman a los 2 millones planteados por el PP para la modernización tecnológica de la Justicia.

PNL para nueva estrategia nacional en derecho procesal

Además, el GPP ha anunciado que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Consell a sumarse al Gobierno en una estrategia cuyo objetivo sea alcanzar un sistema de gestión procesal común que sea adoptado por las Administraciones con competencias en Administración de Justicia.

En este contexto, ha denunciado que la conselleria opte por el programa AVANTIUS que opera en Navarra porque “es el peor valorado en el informe técnico que la consultora independiente Gartner, líder mundial en asesoría tecnológica, ha realizado y porque es un programa procesal hasta ahora solo probado en Comunidades pequeñas, como Navarra o Cantabria, con mucho menos tráfico judicial que la Comunitat”.

De tal manera que, si se consuma esta decisión, no solo supondrá un mayor coste para los valencianos sino que el Consell del Botànic aleja a la Comunitat Valencia de la demanda y aspiración del sector Justicia en España de converger en un sistema de gestión procesal común.  Además, con esta opción, se desconectaría digitalmente a la Justicia valenciana del TS y otras instituciones de la Administración. “Los experimentos –ha añadido—con gaseosa, necesitamos un sistema procesal solvente”.

Las enmiendas del PP también recogen la reducción tiempos de espera y homogeneización de éstos en los Juzgados, el desarrollo de los protocolos previos para conseguir el acortamiento de tiempos de tramitación en materias especialmente sensibles, el incremento de las partidas destinadas a la mediación y de la partida a la asistencia jurídica gratuita.

Para San-Segundo en el presupuesto GVA para 2018, el peso de la Justicia con relación al total es de un 1.57%, uno de los porcentajes más bajos de todas la Consellerías, en el puesto 7 de 9 cuando con el PP llegó a tener 350 millones de euros en un presupuesto de 14.300 (un 2,5%). “Estos son los presupuestos de 2.682 millones de euros más que en 2015. Dedicar de esos 19 a la Justicia, no es una hazaña. Es desolador”.

San-Segundo ha adelantado que el GPP ha presentado 125 del total de las 159 enmiendas presentadas en esta materia, lo que supone el 80%, mientras el resto de grupos ha presentado 34, lo que evidencia la importancia que el PPCV le da a la Justicia en la Comunitat.

Por su parte, la diputada nacional y vicesecretaria regional del PPCV, Elena Bastidas, ha destacado el compromiso del Gobierno de España en materia de Justicia y ha señalado que la Comunitat “es la segunda autonomía en inversión de infraestructuras y mejoras en esta materia” solo por detrás de Andalucía.

Además, ha recordado que ya hay nuevos juzgados previstos por el Gobierno en la Comunitat, una apuesta que se suma a las 16 plazas de magistrado, inversiones que hacen que en la Comunitat haya 109 unidades judiciales, “una de las más importantes de nuestro país” que además ha contado con una inversión de 2,5 millones de euros para transformación digital.

Así, ha emplazado a Bravo a explicar en qué ha gastado el dinero que viene del Gobierno central, porque “no sabemos en qué ha mejorado nuestra transformación digital y sería bueno que los valencianos supieran a que se destina”. Estos presupuestos son “100×100 Botànic, son muy rojos, como una granada pero cuando la sacudes se queda vacía, hueca”.

Bastidas ha adelantado que el PP pedirá al Congreso de los Diputados y al Ministerio la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer efectiva la carrera profesional.