Las declaraciones del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, dentro del caso Gürtel, en una fase de confesión que permite incluso mentir, no han sido unas afirmaciones cualquiera. De hecho, en estos días, los cimientos del castigado PP y el PPCV en particular han vuelto a temblar. Para el actual equipo de los populares valencianos presidido por Isabel Bonig, el pasado lúgubre de su formación con Costa, Camps, Campos o Rambla estaba más o menos amortizado.

Sin embargo, Costa ha vuelto a destapar la caja de Pandora en una actitud que más que acogerse a una reducción de pena por confesión (que puede ser un pacto con la Fiscalía) parece un ataque directo a la línea de flotación de un partido que sigue sin levantar cabeza tras los escándalos del propio Gürtel, el Caso Taula o el Caso Valmor, entre otros.

Por ello, el ex todopoderoso lugarteniente de Camps, que inculpa a su ex jefe y presidente ahora en el juicio oral y no durante la instrucción, lo cual abre otro interrogante, ha decidido generar el efecto ventilador, acusando también a otros ex dirigentes populares.

Y entre estos nombres aparecen rostros tan conocidos como el ex presidente y sucesor de Camps, Alberto Fabra, en su etapa como alcalde de Castellón por la supuesta financiación irregular de su campaña electoral o Adela Pedrosa, que también recibió supuestas cantidades en B para pagar su campaña a la alcaldía de Elda. Una reacción en cadena que más allá de inculpar a más ex dirigentes del PP, pone contra las cuerdas al propio partido y al PPCV de Bonig en particular.

En los últimos dos años, la presidenta popular valenciana ha tratado de huir de todo aquello que sonara a corrupción, pero no lo ha tenido ni lo tiene fácil, con otras causas abiertas como el caso Valmor, y especialmente el Caso Taula.

Un proceso el de Taula que ha dejado durante toda la legislatura al PP sin grupo popular municipal definido en el Ayto. de Valencia, y que pone en serio riesgo las aspiraciones de su partido de recuperar la alcaldía en 2019, a pesar de que podrá presentar listas renovadas a esos comicios.

Estos frentes no solo condicionan sino que casi amortizan las esperanzas electorales del PP para unas elecciones fundamentales en la recuperación del partido y que se celebrarán en tan solo año y medio.

Para aquel entonces, Bonig habrá tenido que seguir soportando el desarrollo de estos procesos, lo que puede conducir a una asfixia política para el PPCV, no solo de cara a 2019 si no para los próximos años.

Y además, para rematar la inercia negativa, tampoco ayuda el enfrentamiento abierto de la propia Bonig con la patronal valenciana, así como con empresas en particular, cuyo último episodio es el de las ayudas de 3 millones de la Generalitat a Air Nostrum, a través de su filial Plysa, para combatir los incendios, lo cual solo consigue lastrar la imagen del PPCV. Un panorama demasiado incierto que genera más sombras que dudas, y que lastran una buena parte del trabajo de Bonig y su dirección en estos últimos años.

Sin embargo, la partida sigue abierta, a pesar del constante castigo para el PPCV, quien con su penitencia tendrá que llegar a 2019 de la mejor forma posible y con el reojo puesto en Ciudadanos, tanto como adversario como aliado natural.

Y eso a pesar del distanciamiento lógico de los populares, marcado también desde Madrid, porque la formación naranja les come terreno a pasos agigantados, pero que al mismo tiempo les podrá ayudar a recuperar las varas de mando en diversos municipios valencianos. Una cuestión que no es baladí, pero que también tiene el reverso de la moneda, ya que al PP le tocará con seguridad, tener que aceptar un rol secundario en ayuntamientos donde solo podrá apoyar el ascenso pronosticado de Ciudadanos. Y sobre eso, los populares igual no están tan dispuestos.

Este nuevo modelo de convivencia política lastrará en tan solo año y medio el tradicional sistema de bipartidismo que ha funcionado en la Comunidad Valenciana durante los últimos 40 años y que también permitirá comprobar el desgaste de la izquierda valenciana tras estos últimos cuatro años de mandato.