Propugna cambiar la legislación para evitar que las circunstancias política de Madrid bloqueen a la Comunitat, mientras que reitera junto a Oltra que el Consell peleará en conseguir una financiación justa

 

El conseller de Hacienda y Modelo Productivo, Vicent Soler, ha mostrado su “preocupación” por la situación política del país, ya que ésta perjudica a las comunidades autónomas que prestan los servicios a los ciudadanos, pero necesitan los ingresos del Estado, cuyas disposiciones legales dificultan la llegada de dinero sin la existencia de unos Presupuestos Generales del Estado y de un gobierno, por lo que se ha postulado a favor de cambiar la legislación para evitar este tipo de bloqueos.

Así, lo ha explicado en los pasillos de Les Corts donde reconoció los esfuerzos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para realizar las transferencias pendientes a cuenta, si bien, advirtió la existencia de “dificultades técnicas” que lo están impidiendo en la actualidad, aunque mostró su “confianza” en que se  produzca antes de final del año, y que, en su opinión, evitarían los ajustes y recortes, “porque se trata de 450 millones que son imprescindibles para acabar el año adecuadamente”.

En este sentido, el conseller se ha mostrado partidario de que se produjera un cambio de legislación a nivel estatal para evitar que las circunstancias política de Madrid bloqueen la economía y los servicios de la Comunitat, y ha reconocido que además de las transferencias a cuenta pendientes, existe otro problema como es la elaboración del próximo presupuesto de la Generalitat. Allí, existen dos opciones realizar una prórroga del mismo, o bien, realizar un presupuesto en base a unas previsiones aproximadas.

Esta dificultad fue reconocida por la propia ministra en funciones en el Congreso de los diputados, donde ha reconocido que Murcia y la Comunitat Valenciana pueden ser las regiones españolas que antes se vean afectadas por la no actualización de las entregas a cuenta, un problema que podrían sufrir entre finales de octubre o principios de noviembre cuando las demás se verían afectadas a final de año.

Montero mostró su confianza en encontrar una “solución” para realizar las entregas a cuentas, pero, a su juicio, la más factible sería que hubiera investidura.  Según ha explicado, “el dinero pendiente de transferir equivale a 15 días de tesorería de las comunidades, en conjunto, y en que no tienen por qué aplicar ajustes por este motivo”, y ha recordado que se tratan de unas cantidades que están incluidas en sus respectivos presupuestos autonómicoso, por lo que pueden gastar, aunque tengan problemas para pagar la factura y empeore el periodo de pago a los proveedores.

El conseller durante su intervención en Les Corts ha responsabilizado a la oposición, especialmente al PP-CV, de no cambiar el sistema mientras gobernó, así como de los recortes al no dar apoyo a las cuentas nacionales, junto a los independentistas, y del incremento constante del déficit por tratarse de una situación heredada de la gestión popular de hace más de cuatro años. En su opinión, el rechazo del PP, Ciudadanos e independentistas a los Presupuestos de 2019 “nos ha hecho perder más de 1.000 millones de euros a los valencianos”.

Compromiso con la financiación

Por otra parte, el Vicent Soler, ha reiterado  que “el cambio del modelo de financiación sigue siendo la premisa fundamental del Consell y el principal objetivo de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y a este objetivo estamos dedicando todos nuestros esfuerzos, ya que constituye un requisito indispensable para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales y materializar el resto de proyectos del Consell”.

Según ha señalado, “lo hemos reclamado ante Montoro y lo seguimos reclamando ante Montero. Da igual quién esté al frente del Gobierno de España, nunca hemos rebajado nuestras exigencias para conseguir lo que corresponde a los cinco millones de valencianos y valencianas”.

En materia fiscal, Soler ha lamentado que “algunas autonomías estén haciendo planteamientos fiscales insolidarios y ha apostado por encontrar un marco de colaboración basado en la solidaridad y la corresponsabilidad entre territorios“. A su juicio, “ña reforma fiscal del Consell ha permitido bajar los tributos a las rentas medias y bajas y subirlos para las rentas más altas. Así, se han recaudado 154,2 millones por el impuesto de Patrimonio, tributo que solo pagan 21.495 personas, lo que supone el 1% de los contribuyentes valencianos. Al mismo tiempo, un millón y medio de contribuyentes con rentas medias y bajas pagan ahora menos que antes”.

Financiación constitucional y justa

Horas antes de la intervención del conseller, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha pedido a la cámara parlamentaria que mantenga su apoyo al Consell en la reclamación de una “financiación constitucional, unas inversiones justas y una regularización de la deuda” que garantice “los derechos de la ciudadanía”. En su opinión, “la inversión social es la inversión más productiva que se pueda hacer, porque genera retorno en temas económicos”.

Así, ha advertido de que el Consell “no cesará en la reivindicación de una financiación justa y constitucional, así como tampoco en la necesidad de no repercutir nuestra infrafinanciación sobre las espaldas de los valencianos y las valencianas” y ha sostenido que es “obligación” del Ejecutivo “garantizar los derechos de la ciudadanía”.

La mejora de la calidad en la asistencia a las personas usuarias, ha explicado, también irá acompañada de una mayor calidad para el trato de las entidades que colaboran con la Conselleria en la prestación de los servicios, para lo que se ha comprometido a garantizar “la financiación estable” a través “mecanismos de pago equiparables a los de sanidad y educación” con la implantación del “pago delegado”.