La resolución sitúa en 1.600 millones de euros la discriminación que sufre la Comunitat

 

De nuevo respaldo unánime entorno a la financiación autonómica. El pleno de ayer en Les Corts Valencianes ha vuelto a realizar una nueva declaración institucional, respaldada por todos los grupos, en la que se defiende una Financiación Justa para la Comunitat Valenciana.

Según la declaración, leída por el president de Les Corts, Enric Morera, “se calcula en 1.600 millones de euros la discriminación que sufre respecto a la media en financiación autonómica y en inversiones”.

Esta declaración institucional, según ha explicado Morera, supone respaldar el manifiesto firmado por la patronal CEV y los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV el pasado 15 de septiembre, al coincidir en la argumentación y las exigencias de reforma inmediata del sistema de financiación, de reparto de inversiones ajustado a una programación racional y al reconocimiento del déficit de financiación acumulado.

Los cinco grupos parlamentarios, PSPV, Compromís, Podem, PP y Ciudadanos, han suscrito el manifiesto y, concretamente, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el propio president del parlament, Enric Morera, han agradecido a la portavoz popular, Isabel Bonig, que haya firmado el acuerdo institucional.

Soler ha destacado que la declaración recoge que los recursos de los valencianos están “1.600 millones por debajo de la media”, mientras que Bonig ha agradecido tanto al president de la Generalitat, Ximo Puig, como al conseller de Hacienda que se hayan acercado a dar las gracias al PP por firmar la declaración.

Bonig defendido la coherencia del PP, que no se ha movido de su posición y ha asegurado que peleará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Congreso por la reforma de un modelo de financiación que “machaca a la Comunitat”, pero ha recordado que para su cambio es necesario el apoyo del PSOE.

En el texto se indica que este año la “discriminación” de la Comunitat llegará a los 1.600 millones de euros sumando “infrafinanciación e infrainversión”, una situación “insólita” con una renta per cápita inferior en doce puntos a la media.

De igual manera, recuerda que la Generalitat promovió en 2013 el Manifiesto por una financiación justa para la Comunitat Valenciana, que fue secundado por las diferentes fuerzas políticas con representación en Les Corts y organizaciones representativas de la sociedad civil valenciana.

Tres años más tarde, en 2016, la Generalitat promovió el Manifiesto por una financiación justa, que secundaron más de 600 entidades valencianas y al que siguieron los acuerdos conseguidos por unanimidad en Les Corts en febrero y abril de 2017, que denunciaban la marginación de los valencianos en materia de financiación e inversiones.

El documento acaba con la exigencia de una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, que posibilite a los valencianos tener unos servicios públicos fundamentales “dignos” y ejercer las competencias propias.

En segundo lugar demanda un reparto de las inversiones y una ejecución que se ajuste a una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunitat, compensando en todo caso la insuficiencia inversora en los últimos años y dedicando una cantidad de recursos ajustada al peso poblacional, como recoge la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano.

Les Corts también exigen el reconocimiento de los déficit de financiación acumulados directamente por “el mal funcionamiento” de los diferentes sistemas de financiación y el establecimiento de mecanismos de compensación por que el nuevo modelo “no nazca lastrado” por la “injusticia diferida” de los anteriores.