Cs rechaza el decreto de las VTC y lo califica de “un parche que supone el despido de cientos de trabajadores valencianos”

La diputación permanente de Les Corts ha convalidado, con el voto a favor de todos los grupos menos Ciudadanos (Cs), que se ha opuesto, el decreto ley del Consell que regula el servicio de transporte público de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC), que establece la obligación de contratarlo con una antelación mínima 15 minutos y cuenta con una moratoria de dos meses por motivos técnicos.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha justificado la urgencia de esta normativa ante la “distorsión” del mercado y el hecho de que los VTC “operan como taxis” pero sin verse sometidos a las restricciones que se les imponen a estos, lo que genera un escenario de “competencia desigual”.

Además, ha subrayado que en la Comunitat se ha conseguido dar una solución en un contexto “pacífico, cosa que no ha pasado en otras comunidades”.

El texto, según ha señalado, establece para los transportes interurbanos la precontratación de 15 minutos, (habilita a los ayuntamientos para decidir sobre el urbano), y deberá quedar constancia de los mismos en un registro de comunicaciones. Se exceptúan de esta previsión los servicios que se tengan que realizar de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera.

Los vehículos adscritos a las autorizaciones no podrán circular por las vías públicas en busca de clientela ni propiciar la captación de personas viajeras que no hubiesen contratado previamente el servicio.

Así, no se permitela geolocalización, como tampoco el estacionamiento en las vías públicas, debiendo hacerlo en garajes o aparcamientos no ubicados en ella, igual que el estacionamiento en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio, instalaciones deportivas, hoteles, paradas de taxis, hospitales o cualquier otro establecimiento similar, que pueda propiciar la captación de clientela.

A favor de la iniciativa, se ha pronunciado la socialista Mercedes Caballero ha puesto en valor que se haya resuelto “una distorsión que podía haber derivado en conflictividad” y el texto “trata de contentar a ambas partes y establecer un equilibrio”. Así, ha subrayado que las plataformas tecnológicas que operan en la región han manifestado su intención de mantener el servicio y que el informe de Abogacía da cobertura jurídica al decreto: “Se respeta esa libertad de empresa que algunos partidos ponían en duda”.

Por su parte, la diputada de Podem, Beatriu Gascó, ha explicado estar a favor, “aunque el decreto no cumple del todo la finalidad al desplazar a los ayuntamientos algunas de las responsabilidades que corresponderían a la Generalitat”, pues, plantea el riesgo de que haya finalmente una regulación “heterogénea y confusa”.

De igual manera, ha solicitado diferenciar entre quienes prestan un servicio público como el taxi y las empresas que “ocultan sus beneficios en paraísos fiscales”, y ha advertido de que “la engañosa equiparación que promueven PP y Cs es un parany para los taxistas”.

La portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, ha cuestionado que se haya querido plantear el debate como “un enfrentamiento irreconciliable entre el sector del taxi y las VTC, entre diferentes modelos de negocio, entre modernidad y lo viejo” porque de lo que se está hablando es del transporte público discrecional y el taxi tiene su actividad controlada pero los coches VTC no, aunque “casi se ha vendido encubierto como un servicio de taxi”.

A su juicio, “la irrupción de este falso taxi no es la de un nuevo modelo de negocio, sino de las viejas relaciones laborales ya superadas, una economía terriblemente individualizada que contribuye a la privatización del servicio público. Bienvenidas esas VTC, pero aquellas que están reguladas y pueden convivir con un transporte público digno como es el del taxi”.

Por su parte, el diputado del PP-CV, Alfredo Castelló, ha aprovechado para criticar los “bandazos” del Consell a la hora de regular el taxi a lo largo de la legislatura y la “incongruencia” de que en la ley del taxi “las competencias locales desaparecían y ahora puede haber 8.100 regulaciones en España”. También, ha afirmado que votan a favor de la convalidación porque este decreto no modifica “absolutamente nada” respecto al que promulgó el gobierno central.

Castelló ha explicado que con este texto se regula “el 1% del transporte interurbano que se realiza en la Comunitat, el resto lo regularán los ayuntamientos”. Por ello, no cree que sea malo, sino que “simplemente repite lo que dice Ábalos, es inútil, escuálido, intrascendente, fútil, el mal lo hizo el de Ábalos”, un Real Decreto que ve inconstitucional. “Antes no paraban de pensar en montar el pollo, ahora no dejan de hacer el pavo”, ha afirmado.

Ciudadanos

Por su parte, Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana ha rechazado el decreto aprobado por los grupos de Les Corts Valencianes para la regulación de las VTC porque se trata de “un parche que no aporta soluciones reales al problema de la movilidad y que supone el despido de cientos de trabajadores valencianos”, en palabras de la síndica de Cs en la Cámara, Mari Carmen Sánchez.

“Esta normativa es fruto de la irresponsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, José Luis Ábalos, que, lejos de abordar el problema, han optado por pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas”, ha declarado Sánchez, que ha criticado el “sinsentido de que pueda llegar a haber hasta diecisiete normativas diferentes en todo el país, una por autonomía”.

En este sentido, la síndica ha criticado que “el decreto valenciano, además, delegue competencias a cada municipio, con el consiguiente caos que eso puede generar en la Comunitat Valenciana” y ha lamentado que, “para la elaboración de esta normativa, el tripartito no haya contado con el propio sector”.

“Desde Cs apostamos por la consolidación tanto de las VTC como del taxi, no podemos permanecer ajenos a la irrupción de los vehículos privados con conductor, y eso obliga a cambios en el sector”, ha añadido tras destacar que “Cs apuesta por un plan integral de movilidad, sostenible para ambas opciones y que genere empleo”.

Por último, Sánchez ha recordado que “la legislación valenciana ha sido un ‘copia y pega’ de la que ya existe en Cataluña, pero parece que el Consell no es consciente de las desastrosas consecuencias que esa normativa tuvo allí”.

“Por eso, desde Cs no vamos a participar de ningún modo en esta propuesta, con la que no estamos de acuerdo, ni en el fondo ni en la forma, y que es una farsa más del Botànic para quitarse de encima un problema que no queda solucionado de ninguna manera”, ha concluido.

Confederación del Taxi

Por último, la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, que ha estado presente en la votación de las Cortes  ha hecho saber a través de un comunicado que “esto no supone que se haya acabado el problema, pero al menos tenemos una herramienta para que las VTC no sigan trabajando sin ningún tipo de regulación”. “La Confederación seguirá luchando por mejorar la regulación de VTC y evitar que hagan de Taxis en el futuro”.