El entonces coordinador general de EUPV apoyó al alcalde de EU en esta localidad del Camp de Morvedre cuando la dirección comarcal exigía un cambio drástico del ”modelo de desarrollo” contrario a la ”sostenibilidad ecológica”

El pasado siempre vuelve. El alcalde de València, Joan Ribó, antes de triunfar en la capital con Compromís, fue coordinador general de EUPV. Concretamente desde 1997 hasta 2003.

En este periodo tuvo que lidiar con un problema que, casi dos décadas después, está de plena actualidad tras las dos condenas por corrupción de quien fuera secretario municipal en Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho.

Éste tejió una extensa telaraña de empresas con testaferros incluidos, que fue descubierta por El Periódico de Aquí -toda la información en la página 10- y ha acabado con Sancho en la cárcel.

Esto ha ocurrido ahora, pero estos lodos son consecuencia de los polvos del desarrollo urbanístico salvaje en los años 80 y 90 en dicha localidad de la comarca del Camp de Morvedre. Y aquí es donde interviene Joan Ribó.

Canet era un municipio costero eminentemente agrícola con alcalde comunista hasta el año 2003. En los años 80 recaló allí como secretario municipal quien fuera candidato por Fuerza Nueva al Ayuntamiento de València en 1979, José Antonio Sancho Sempere.

Con idea de generar progreso y trabajo para su municipio, el carismático alcalde, Enrique Altabella, promovió la transformación de la localidad, apoyándose en empresarios locales que recibieron las primeras concesiones a 75 años, como el Hotel Playa Canet o Salones Mar Blau.

Empresarios que invirtieron en el municipio a cambio de dichas concesiones, construyendo por ejemplo el imponente auditorio o el emblemático paseo marítimo. Sin embargo, otros buitres aprovecharon la buena intención del alcalde para no sólo hacer negocio, sino para tejer una densa tela de araña de sobornos, compras de voluntades y colocación en el Ayuntamiento vía oposiciones trucadas.

Después de varios años construyendo sin parar, la localidad pasó de 1.307 habitantes en 1981 a 6.473 personas censadas en 2017. Y en los años 90 saltaron todas las alarmas en el partido al que representaba el alcalde, primero el PCE y después Esquerra Unida.

Fueron años de disputas entre la dirección comarcal de EU y del vecino municipio de Sagunt con la dirección local de Canet, que intentaron frenar la ”política urbanística salvaje” en esta localidad. Una guerra que trasladaron al entonces coordinador general de EUPV, Joan Ribó, quien sin embargo acabó apoyando dicho desarrollo en contra de los criterios de la comarca.

Los años de confrontación se prolongaron desde el 2000 al 2003, cuando la dirección de Sagunt y el Camp de Morvedre pidieron a la ejecutiva de País -la dirección autonómica comandada por Ribó- que pusiera frento a los desmanes urbanísticos e impidiera que Altabella volviese a repetir como candidato en las elecciones municipales de mayo de 2003. Ribó no sólo no tomó ninguna iniciativa correctiva de dicha política, sino que además avaló que Altabella repitiera como alcaldable.

”Fueron años donde trasladamos nuestro malestar a Ribó”, recuerda un dirigente de la dirección comarcal de EU de la época, ”pero nos toreó. No quiso saber nada y se desentendió. No me acuerdo de los pormenores, pero de que pasó de nosotros, me acuerdo perfectamente. Era un tema escandaloso.

Con Bañuelos (dueño de Astroc responsable en buena parte del desarrollo urbanístico), hicieron y deshicieron a su antojo. También recuerdo que Mónica Oltra era en aquella época la más nacionalista, pero con el tiempo es evidente que ambos han cambiado”, recuerda, para concluir: ”tuvimos muchas diferencias con ellos y al final se hizo en Canet lo que quisieron”.

Muchas de las controversias de la época se recogieron en los medios de comunicación, como Las Provincias, Levante y El Económico, con declaraciones y acusaciones cruzadas. En un fax remitido el 16 de octubre de 2001 a la atención de Joan Ribó -ver abajo a la izquierda-, la dirección de EU de la comarca recoge que ”de los informes recabados por la Comisión Informativa sobre Canet d’En Berenguer, se deducen diferentes situaciones contradictorias que afectan al desarrollo de las políticas marcadas por los documentos de EU y su desarrollo práctico en diferentes ámbitos”.

En el propio escrito se reconoce que ”se podría afirmar que el modelo de desarrollo seguido en Canet se ajusta a los deseos de la población por cuanto supone una ampliación del mercado de trabajo, importantes plusvalías para los poseedores de terrenos agrícolas en zonas reclasificadas y un incremento importante, aunque desregulado, de los servicios”.

Sin embargo, hacen hincapié en que ”también parece cierto que a la hora de ejecutar lo antedicho prima el concepto desarrollista de la oportunidad inmediata sobre la planificación a largo plazo y principios como la sostenibilidad ecológica”.

Por ello, EUPV ”insta al colectivo y grupo municipal d’EU de Canet d’En Berenguer para que reoriente su política urbanística y turística, en el sentido de ordenar y pacificar el desarrollo urbanístico de la playa apostando por un turismo de calidad y por la sostenibilidad del medio ambiente”.

”La postura que adoptó Ribó, junto al que era secretario de Organización en la época Amadeu Sanchis, detrás del cual se escondió Ribó -quien disfruta de un chalé en playa vecina de Corinto (Sagunt)-, fue la de respaldar a Altabella, a quien propuso como solución que fuese de número dos en la candidatura”, recuerda la misma fuente autorizada de EU del Camp de Morvedre. De hecho, Altabella, en una entrevista publicada por Las Provincias el domingo 2 de diciembre 2001, aseguró que sería el candidato en 2003, como así fue finalmente.

La dirección comarcal de EU batalló duro con Ribó para que éste obligara a la formación a nivel local a cumplir con ”los programas marco establecidos por la propia organización, como con las actuaciones prácticas emprendidas por EU ante diversas contradicciones medioambientales propugnadas desde nuestros grupos institucionales (Massamagrell, Serra d’Irta, etc.)”.

Insistía en que ”es motivo de grande preocupación la aplicación que del nuevo Plan de Ordenación Urbana pueda hacerse, ya que parece abundar en los modelos y prácticas denunciados”.

”El desarrollo sin modificaciones de dicho plan obligaría a la Organización a descalificar dicha actuación, ya que para EU el interés del pueblo debe entenderse en consonancia con las necesidades globales del entorno y de las personas, según los valores señalados en nuestros programas marco, documentos asamblearios y de elaboración en lo referente a sostenibilidad y desarrollo racional”, añade.

Las quejas a Ribó fueron constantes, pero éste hizo oídos sordos. El alcalde de la sostenibilidad en València hizo caso omiso a la resolución del Consell Comarcal del Camp de Morvedre del 12 de noviembre de 2001, en el que se señalaba que ”los representantes de EUPV en Canet están llevando a cabo desde hace años una política contraria a la establecida por los documentos aprobados en las diferentes asambleas, tanto País como Federales, en materia de urbanismo y medioabiente”.

En dicho escrito, ya recogen que ”atendiendo a las declaraciones hechas por Altabella a la prensa según las cuales piensa seguir presentándose, junto con su equipo, en próximas elecciones (…). Si se llegara a esta situación la lectura que harían los ciudadanos, sería que EUPV ha intentado por todos los medios mantener una alcaldía aun a costa de contradecir sus propias propuestas”.

La dirección comarcal hizo de pepito grillo, pero Ribó siguió sin escucharles y desoyó el escrito del Consell Polític Comarcal del 13 de julio de 2002 en el que en el punto 2 se señalaba: ”seguimos creyendo imprescindible que se tomen medidas por parte de la dirección de País de manera que podamos salir de la actual situación de inconcreción respecto a la política desarrollada en Canet por EUPV”.

Ribó intentó eludir siempre que pudo la polémica públicamente, pero Las Provincias en su edición del 30 de enero de 2002 recoge unas declaraciones suyas que demuestran que intentó nadar y guardar la ropa, al señalar que era necesario un ”llamamiento al diálogo a ambos sectores para que dejen a un lado las descalificaciones y busquen una solución consensuada, a través de los órganos de que dispone Esquerra Unida”.

Ribó recordó en aquel momento que existía una resolución del Consell Político para que el alcalde ”reorientara su política urbanística” para adecuarla a las líneas generales del partido. Un hecho que no hizo. Además, recalcó que EU ”tiene que respetar sus estatutos en cuanto a la permanencia de sus cargos” en relación a la intención de Altabella de volver a repetir como cabeza de lista en 2003, tras 22 años en el cargo, otra circunstancia que no se produjo.

En conclusión, Canet d’En Berenguer aplicó una política urbanística contraria a lo que propugnaba Esquerra Unida entonces y ahora y su máximo líder no tomó cartas en el asunto.

El furor urbanístico que corrompió al secretario municipal y lo llevó a prisión

La llamada ‘trama de las asesorías’, que investiga un entramado empresarial y político para esquilmar presuntamente a diversos ayuntamientos, tiene al que fuera durante más de dos décadas secretario municipal de Canet d’En Berenguer como su principal cabecilla.

Pendiente todavía de dos macrocausas -una de ellas con Egevasa implicada-, el susodicho ya ha recibido dos condenas, una a dos años de cárcel por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, por la que ambos ingresaron en prisión, y una segunda a seis años de cárcel por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, la misma pena que recibió el que fuera interventor del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateu.

El origen de todo este entramado está en Canet d’En Berenguer, en un largo periodo de desarrollo urbanístico repleto de pelotazos, en el que Joan Ribó acabó respaldando como coordinador general de EUPV la política desarrollista de su partido en este municipio.

En Canet d’En Berenguer Sancho tenía su cuartel general. Allí introdujo un chiringuito jurídico que extendió por otras administraciones, la Academia Valenciana de Juristas; la empresa de recaudación que lograba pingües beneficios anuales, facturaba decenas de miles de euros anuales a otras firmas de Sancho; y, además, contaba con personas de su máxima confianza en todos los departamentos clave del Consistorio, desde el registro -con una funcionaria a la que empleó en una de sus empresas-, y tres de sus hijos, una en Contratación, otro como jefe de la Policía Local y una tercera que hizo una permuta con un funcionario de La Pobla de Farnals, que participó junto a Sancho activamente en la moción de censura contra el alcalde José Manuel Peralta (PP). Esta última logró una plaza de funcionaria de categoría superior en La Pobla junto a la mujer del entonces alcalde socialista de Canet, Octavio Herranz.

La primera condena, a dos años de cárcel que ya han cumplido, llegó tras sobornar Sancho a Natividad García, alcaldesa en dicho municipio de l’Horta Nord. A cambio, la tránsfuga introdujo a la Academia Valenciana de Juristas (AVJ).

Precisamente la AVJ es una de las firmas que Sancho montó para sacar dinero de las administraciones públicas. Comenzó en Canet d’En Berenguer, donde como secretario municipal debía velar por el cumplimiento de la legalidad, avalando un contrato con dicho chiringuito que fue renovando anualmente hasta que El Periódico de Aquí, que desmontó el entramado con una investigación que se prolongó desde 2011 hasta que Sancho entró en la cárcel, forzó a que hicieran un concurso público.

En concreto, el Ayuntamiento hizo dos, en 2011 y 2013, pero en ambos casos estaban amañados, al contar con tres representantes que pertenecían a la propia Academia Valenciana de Juristas, presentándose en una ocasión el propio Sancho y en la otra su mujer, Amparo González. Finalmente, con la caída en desgracia de Sancho, el Consistorio rompió con la AVJ, que acabó desvinculándose de Sancho y también lo ha demandado.

La segunda condena para Sancho llegó en febrero de este año. En este caso, a 6 años de cárcel, los mismos que al ex interventor del Consorcio de Museos por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Según la sentencia, el ‘modus operandi’ consistía en que desde 2007 a 2010 el Consorcio -dependiente de la Generalitat Valenciana- pagaba a tres empresas controladas por Sancho por trabajos inexistentes y después éste pagaba la correspondiente comisión a Parra Mateu a través de una firma de éste, Asesores Económicos Públicos SL.

Los pagos se realizaban a firmas del entramado liderado por Sancho, como Asesores Profesionales, Millena III Milenio -que constaba con un hombre de paja como administrador único, Juanjo Sánchez Amores- y la Academia Valenciana de Juristas. De aquellos polvos -que algunos no quisieron ver ni frenar-, llegan estos lodos.

Joan Ribó, el alcalde ‘verde’ y ‘social’

Hasta en dos entrevistas recientes, una para la Agencia EFE y otra para Eldiario.es, se destaca el hecho de que Joan Ribó es el alcalde ”verde” y ”social” de València. En concreto, en una de EFE publicada el 27 de mayo de 2019, se añade en el titular: ”empeñado en hacer una València sostenible”. Un término que también reivindica con Eldiario.es, cuando a la pregunta de ¿cuál es la base de Compromís para haberse convertido en una fuerza clave en la ciudad de València?, responde como tercera opción, ”el planteamiento de la sostenibilidad.

No podemos avanzar en esta sociedad sin pensar permanentemente en que tenemos un cambio climático que está entrando”, y que al parecer no afecta a Canet d’En Berenguer. En EFE, el perfil realizado al día siguiente de ganar las elecciones municipales en València, destacan que ”se ha esmerado especialmente en poner a la ciudad la vacuna contra la corrupción”, la corrupción que no supo ver tampoco en Canet d’En Berenguer.

Enrique Altabella, un alcalde honrado que arrasaba en las elecciones municipales

Canet d’En Berenguer es hoy -para mal y para bien- lo que es por su alcalde más emblemático, Enrique Altabella, un histórico del Partido Comunista y de Esquerra Unida que consideró que la transformación de la localidad eminentemente agrícola en una potencia turística, llevaría bienestar a los vecinos de esta localidad.

Pese a las críticas y errores cometidos, Altabella pensó sólo en los vecinos del núcleo histórico, muchos de ellos poseedores de terrenos agrícolas de escaso valor. Su apuesta por el desarrollo urbanístico en la playa le generó duras críticas, pero recibió el apoyo de los habitantes de Canet, que vieron cómo muchos de ellos pasaron a ser funcionarios de un Ayuntamiento que crecía al ritmo de la población y a vender a precio de oro sus tierras.

La cara B de un alcalde honrado que falleció en septiembre de 2004, fue el exceso de confianza en personajes que sí se enriquecieron con el ‘boom’ urbanístico, especialmente quien fuera su mano derecha, el secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere.

Pere Valenciano
El Periodico de Aquí