Los populares afriman que “no puede derogarse si no vuelve a pasar por el pleno” según el artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

El Grupo Municipal Popular está ya estudiando presentar un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado día 22 de mayo de volver a cobrar por estacionar en las zonas azul y naranja de la ciudad, conocido como la ORA, a partir del próximo lunes día 25 de mayo.

La decisión de suspender el cobro de la ORA se ratificó por acuerdo del pleno municipal, a propuesta del PP junto a un paquete de 66 medidas consensuadas con el gobierno municipal para luchar contra la crisis de la Covid19. Se fijó que esta suspensión estaría vigente mientras se prolongara el estado de alarma en España.

Al ser el pleno un órgano de rango superior a la Junta de Gobierno Local, los populares recuerdan que la decisión de la junta no puede anular un acuerdo plenario y por lo tanto podría ser nula la reactivación de la ORA. Esto obligará al consistorio municipal a tener que llevar el acuerdo de la Junta de Gobierno a un pleno para que sea ratificado, y esto no podrá ser antes del próximo jueves.

Los populares basan su recurso en toda la legislación de los procedimientos administrativos y “en el artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que “los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.” Por tanto, nos encontramos ante un acto administrativo adoptado por el pleno de la xorporación que no ha perdido vigencia por el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local”.

Es por ello que para el Partido Popular, la medida de reactivar la ORA “no tiene validez el acuerdo de la JGL si está no vuelve a ser ratificada por el pleno, cosa que todavía no se ha hecho”. Los populares pedirán medidas cautelares “ante el grave perjuicio económico que se puede producir para la población, para la empresa adjudicataria y para el propio Ayuntamiento de València, por la puesta en marcha del servicio el próximo lunes 25 de mayo y los efectos que produzca la posterior anulación del acuerdo impugnado, se solicita como medida cautelar urgente la suspensión de dicho acuerdo hasta la resolución del fondo del presente recurso.