La Abogacía de la Generalitat no ve conflicto de interés en la quita a una empresa de la que Puig es accionista

El pleno del Consell ha avanzado una semana más en la configuración del organigrama del Consell con nombramientos en el segundo y tercer escalafón, un mes después de su constitución. Los nombramientos más significativos, por fin, se han producido en Presidencia, donde estaba todo pendiente.

Allí, según ha explicado la portavoz del Consell, y vicepresidenta, Mónica Oltra, se ha nombrado como secretaria autonómica de Comunicación a Blanca Marín, a Esther Ortega como la directora de Gabinete del Presidente, y a Zulima Pérez como directora general de Diálogo Social.

De igual manera, se ha nombrado a María Such Palomares, como directora general del Institut Valencià de les Dones mientras que a la anterior directora general de Trabajo, Cristina Moreno, como subsecretaria de Hacienda y Modelo Económico, a Juan Pérez Ballester, director general de Modelo Económico, Financiación Autonómica y Política Financiera, y José Manuel García Duarte, como director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

Asimismo, David Alfonso Jarque ha sido nombrado director general de Función Pública; Miguel Gomicia Giménez, director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial; Llanos Cuenca González, directora general de Planificación, Eficiencia y Atención al Paciente; Diego Marín Fabra, director general de Prevención de Incendios Forestales y Chelo Angulo Luna, directora general de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Sin conflicto de intereses

Por otra parte, a preguntas de los medios comunicación, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado este viernes que la Abogacía de la Generalitat, a petición del Consell, ha emitido un informe en el que concluye que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no incurrió en conflicto de interés al participar en la votación de un decreto que facultaba al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a condonar parte de la deuda de una empresa de la que Puig es accionista.

Según ha explicado Oltra, el hecho de que Puig participase en una votación del Consell para aprobar el nuevo reglamento del IVF no supone un conflicto de interés por parte del presidente, a pesar de que con ese decreto, entre otras cuestiones, se habilitaba al IVF a realizar grandes quitas como la que posteriormente se concedió a Pecsa, la empresa editora del diario Mediterráneo de la que Puig tiene una participación accionarial del 1,17%.

En sus conclusiones, la Abogacía dice que el “no procedía” que el presidente de la Generalitat se abstuviese en la votación de la aprobación del Decreto porque “se trata de un procedimiento de aprobación de una disposición de carácter general y por tanto sin afectación singular directa a ningún tipo de asunto.

Desde el PP-CV no se comparte esta visión, y ha pedido la comparecencia del jefe del Consell para explique su situación, además ha registrado en Les Corts una iniciativa para instar al Consell a iniciar un procedimiento sancionador contra Puig “por no haberse abstenido de la votación del Decreto del IVF y por mentir en su declaración de bienes”.

Según los populares existe “incumplimiento del Código de Buen Gobierno y de la Ley de Incompatibilidades” por parte de Puig porque el presidente debe inhibirse del conocimiento de asuntos que interesen a empresas o sociedades en las que hayan realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración.