Las modificaciones de las ordenanzas fiscales que sustentarán el incremento de los presupuestos para 2020, lejos de contribuir a fomentar la competitividad de las empresas valencianas, elevan significativamente su presión fiscal

Tras analizar los presupuestos de 2020 y las ordenanzas fiscales del ayuntamiento de València, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Valencia (CEV Valencia) comparte la necesidad de avanzar en las políticas de carácter social y en las infraestructuras urbanas, pero advierte sobre la sensibilidad de la iniciativa empresarial a la carga fiscal y a los ciclos económicos.

El contexto económico por el que van a transcurrir los presupuestos municipales de 2020 es de desaceleración de la demanda interna y externa y, con ello, de la actividad empresarial en su conjunto. En paralelo, la globalización y la digitalización acentúan la necesidad de competir entre empresas y entre enclaves económicos. Por ello, en opinión de CEV Valencia y de su presidenta, Eva Blasco, y en aras de contrarrestar los efectos de la desaceleración y de fomentar la actividad económica y la generación de empleo, los distintos estamentos públicos, cada uno en su ámbito de actuación, deberían contribuir a la competitividad de las empresas.

Según CEV Valencia, las modificaciones de las ordenanzas fiscales que sustentarán el incremento de los presupuestos para 2020, lejos de contribuir a fomentar la competitividad de las empresas valencianas, elevan significativamente su presión fiscal. En el IAE, el aumento de los coeficientes de situación entre el 16 y el 26%, según categoría de la vía pública, eleva la recaudación en un 14%. En el IBI de naturaleza urbana el incremento para los inmuebles destinados a uso empresarial es del 10%. Y en la “tasa de alcantarillado”, los aumentos de la parte variable del tributo suben entre el 10 % y el 265%, según el tramo de consumo.

Si se aprueban definitivamente estas modificaciones en las ordenanzas fiscales, los efectos adversos de la ralentización económica se verán potenciados por el aumento de la carga fiscal, con un resultado obvio: menores niveles de competitividad, mayor ralentización de la actividad y pérdida de atractivo para potenciales inversores.