La Covid19 ha sido el escenario para crear pruebas en contra de la Resolución de la Inspección de Trabajo dictada en actuaciones por la denuncia del sindicato

El sindicato denunció la situación en la que se estaban ejecutando las becas convocadas por Presidencia de la Generalitat y, en octubre de 2019, Inspección dictó una resolución que declaraba la existencia de relaciones laborales encubiertas. Comisiones Obreras apunta que “una vez realizada la actuación inspectora y constatados los hechos denunciados, se cambió de oficio la cotización de las personas afectadas, pasando a ser consideradas como personal laboral temporal y no como becarias.

Posteriormente, se dictó acta de liquidación, reclamando a la Generalitat Valenciana, sobre la base reguladora correspondiente a las cuantías que deberían haber percibido como personal laboral, las cotizaciones desde el inicio de la supuesta beca. El acta de liquidación no es ejecutiva aún al haber sido recurrida por la Generalitat y estar pendiente de juicio.  Además, CCOO PV ha reclamado la diferencia salarial de las personas afectadas con resolución favorable, ya que se ha valorado que realizaban un trabajo que debería haberse pagado como tal, dado que no era en realidad una beca. Estas demandas interpuestas también están pendientes de los procesos judiciales.

Cuando se decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, las personas declaradas por la Inspección como personal laboral solicitaron teletrabajar, como la mayoría del personal de la Generalitat Valenciana. El sindicato denuncia que en este periodo, desde Presidencia se ha estado intentando crear pruebas falsas que les favorecieran en el futuro juicio. Así, se les han solicitado trabajos, bajo el epígrafe de prácticas correspondientes a las becas, condicionando el pago mensual, de una cuantía de 1.064 euros brutos, a su entrega.

La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato obrero, Soledad Fernández, añade que “nos parece incomprensible que, en plena crisis de la Covid19, con tanto trabajo urgente que debía realizar, haya estado tan preocupada en crear pruebas respecto a errores ya constatados, pero más nos inquieta que no les digan formalmente en qué situación están respecto a su reincorporación”.

Fernández asegura que “la administración pública debe dar seguridad a la ciudadanía; justo lo contrario de lo que se está transmitiendo a estas personas jóvenes, que no saben si tendrán los ingresos económicos de los que disponían en el mes de mayo o no, y que, por lo tanto, ni siquiera pueden proyectar su futuro inmediato, ni defenderse si lo que se pretende es prescindir de su trabajo”.