WEDNESDAY 18 JULY 2018
Divalterra Jorge Rodriguez Vicente Ten Opinion

 

El representante de Ciudadanos en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra el  presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, los gerentes Xavier Simón, Agustina Brines (Compromís) y los anteriores y contra el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Jorge Cuerda, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, delitos societarios, negociaciones prohibidas, ocultación de información y malversación de fondos públicos en esta “nueva Imelsa”, esa que también acabó con Alfonso Rus.

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Vergonya Sr. Presidente del Gobierno “interino”, vergüenza Sr. Sánchez, usted ha tardado en unos días, de reclamar urgente un nuevo sistema de financiación autonómico, a decir que aunque  tiene la intención de agotar la legislatura, dos años no es suficiente para corregir los defectos que el PSOE en 2009 instauró en la LOFCA y que durante años el Partido Popular no quiso reformar, a pesar de tener la mayoría absoluta necesaria para modificar esta Ley Orgánica, que especialmente a la Comunidad Valenciana asfixia con escasez de recursos para los derechos fundamentales básicos de los ciudadanos y que sin embargo, junto a Podemos, votaron a favor del “cuponazo”, es decir, privilegios en detrimento del resto de CC.AA., en menoscabo del principio de igualdad recogido en nuestra Carta Magna.

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La inutilidad de Compromís en los PGE 2018

 

Decía el filósofo griego Platón 347 a.C., que “el precio de desentenderse de la política es que te gobiernen los peores hombres”, es evidente que el maestro de Aristóteles desconocía la existencia del gobierno del “Botanic” en Valencia, la inutilidad del nacionalismo valenciano de Compromís, que junto al PSPV y el Bloc que presuntamente se financiaron de manera ilegal según la investigación judicial, no han conseguido absolutamente nada en estos Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Vicente Ten 1-o

 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado en el Congreso una propuesta de Fiscalización al Tribunal de Cuentas sobre el posible desvío de recursos públicos a la organización de la  consulta ilegal del 1 de octubre (1-O) en Cataluña.

Y es que el pasado 21 de julio de 2017 el Ministerio de la Presidencia, establecía nuevas medidas adicionales de control para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos. El propio Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, compareció en sede parlamentaria el pasado 31 de agosto de 2017, para explicarlas y según sus palabras, el Estado garantizaría que “ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat” fuese destinado a financiar partidas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC), ni que las decisiones políticas de la Generalitat pudieran poner en riesgo la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica y la estabilidad presupuestaria, incluido el pago a proveedores.

pge vicente ten

 

El pasado 26 de abril los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, con más de medio año de retraso por la incompetencia del Gobierno, pasaron el primer trámite importante en el Pleno del Congreso, superando las enmiendas a la totalidad que 6 formaciones políticas presentaron, entre ellas, el PSOE, el partido del bloqueo constante, del NO es NO, que si bien en nuestra Comunidad Valenciana es capaz de exigir públicamente un sistema de financiación justo para nuestra infra financiada “terreta” (unanimidad expresada en el Informe de Julio.2017 por el Grupo de Expertos para el Estudio de la Reforma del Modelo), además, tiene la incongruencia de votar a favor de un cálculo insolidario junto con el PP y Podemos del llamado “cuponazo” vasco, allí donde la renta per cápita es superior a la media.

PGE2018

 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció hoy lunes 26 de marzo un acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado 2018 a cambio de nuestras exigencias naranjas negociadas en septiembre del año pasado (cuando tocaban por aplicación del artículo 134 de la Constitución Española) y que hasta el momento, tras la dimisión de la Senadora del PP imputada en el caso Púnica, no se habían dado las circunstancias para sentarse y cerrarlo oficialmente, al incumplir reiteradamente el pacto anticorrupción sellado en la investidura, al mantener a Pilar Barreiro en el Senado.

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