El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado en el Congreso una propuesta de Fiscalización al Tribunal de Cuentas sobre el posible desvío de recursos públicos a la organización de la  consulta ilegal del 1 de octubre (1-O) en Cataluña.

Y es que el pasado 21 de julio de 2017 el Ministerio de la Presidencia, establecía nuevas medidas adicionales de control para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos. El propio Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, compareció en sede parlamentaria el pasado 31 de agosto de 2017, para explicarlas y según sus palabras, el Estado garantizaría que “ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat” fuese destinado a financiar partidas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC), ni que las decisiones políticas de la Generalitat pudieran poner en riesgo la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica y la estabilidad presupuestaria, incluido el pago a proveedores.