El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado en el Congreso una propuesta de Fiscalización al Tribunal de Cuentas sobre el posible desvío de recursos públicos a la organización de la  consulta ilegal del 1 de octubre (1-O) en Cataluña.

Y es que el pasado 21 de julio de 2017 el Ministerio de la Presidencia, establecía nuevas medidas adicionales de control para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos. El propio Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, compareció en sede parlamentaria el pasado 31 de agosto de 2017, para explicarlas y según sus palabras, el Estado garantizaría que “ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat” fuese destinado a financiar partidas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC), ni que las decisiones políticas de la Generalitat pudieran poner en riesgo la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica y la estabilidad presupuestaria, incluido el pago a proveedores.

Pues bien, hace unos meses, preguntado por Albert Rivera en la Sesión de Control de los miércoles al Gobierno, el Sr. Rajoy volvía a contestar lo mismo, … “ni un solo euro”.

Hoy sabemos que el Ministerio de Hacienda habría ahora denunciado por carta al Fiscal General del Estado que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, el denominado Diplocat de Raül Romeva, no ha facilitado ningún expediente de gasto correspondiente al ejercicio 2017, de modo que el Ministerio no puede verificar si el organismo financió con dinero público la consulta ilegal del 1-O.

Las evidencias son claras, la propia la Fiscalía y la Abogacía del Estado personada ahora en la causa del 1-O estiman que “existen indicios de un presunto delito de malversación de caudales  públicos” y que “los fondos estatales pudieran haber sido malversados por miembros de la Generalitat”, pues los anuncios en TV3 convocando el referéndum; varios portales de internet con los distintivos de la Generalitat, las propias urnas y papeletas así como el dinero gastado desde el 30 de octubre de 2017, momento en que el ex presidente de la Generalitat y otros cuatro ex consejeros, huyen de la justicia a Bruselas demostrando los abundantes recursos derrochados en este golpe fallido a la democracia.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa, ha levantado el secreto del sumario respecto al delito de malversación y apunta a que presuntamente sí que hubo un desvío importante de fondos públicos a los fines secesionistas por parte de los miembros del Govern, de acuerdo con los resultados de las investigaciones de la Guardia Civil.

Y es que llueve sobre mojado: el propio Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas certifica que Artur Mas autorizó el uso de 4,99 millones de euros de dinero público sin cobertura legal para financiar la consulta ilegal del 9N de 2014, incluso con factura pagada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Hoy es momento de que el Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público informe sobre la presunta malversación, mi Grupo Parlamentario Ciudadanos así lo exige. Esperamos que el bipartidismo no lo bloquee.

La buena salud de nuestras instituciones determina el futuro de nuestra democracia.

Vicente Ten

Secretario de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas por el Grupo Ciudadanos