Rajoy pone en marcha el artículo 155 de la Constitución y da un plazo a Puigdemont para que aclare sí ha declarado o no la independencia

 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que ha acordado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrir en el Congreso el debate para la reforma de la Constitución. Según lo han acordado en la reunión celebrada el pasado martes, la comisión creada para el estudio del estado autonómico tendrá un periodo de trabajo de seis meses y después se abordará la reforma de la Carta Magna en la Comisión Constitucional.

Con esta comisión, según ha explicado Sánchez, se pretende dar una solución definitiva a los conflictos generados entorno al modelo territorial español y dar una alternativa al desafío independentista catalán. La reforma tratará de cerrar el modelo territorial pendiente desde 1978, y encajaría con la propuesta realizada el pasado lunes por el president de la Generalitat, Ximo Puig, de poner en marcha un Pacto de la Moncloa Territorial iniciativa que contó con el apoyo del ex presidente autonómico, Eduardo Zaplana.

Además, el socialista ha asegurado que comparte el requerimiento hecho al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el PSOE apoyará las medidas que adopte el Gobierno.

Requerimiento a Puigdemont

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado este miércoles ante el pleno del Congreso su decisión de poner en marcha la vía del artículo 155 de la Constitución con la Generalitat de Cataluña por considerar que los dirigentes catalanes han usado “su posición institucional para perpetrar un ataque desleal y muy peligroso” contra la Constitución, la unidad de España, el Estatuto de Cataluña y “lo que es peor, contra la convivencia”.

Rajoy ha iniciado su comparecencia ante el pleno confirmando que el requerimiento que ha enviado al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que aclare si ha declarado o no la independencia de Cataluña se ha producido “al amparo del artículo 155 de la Constitución”. Este artículo, que permite al Gobierno dar instrucciones a las autoridades de una comunidad autónoma para que cumplan sus obligaciones, tiene como paso previo un “requerimiento” al presidente autonómico de que se trate.

El jefe del Ejecutivo también ha recalcado que, con el supuesto referéndum del 1 de octubre, el Gobierno catalán “incumplió la ley, las sentencias de los tribunales y su propia legalidad” y además “soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían”.

Rajoy ha defendido que la crisis generada va mucho más allá de una diferencia política, sino que es un “desafío a requisitos previos a cualquier discusión política”. “Lo que hemos visto, el desorden, la división entre catalanes y la huida de empresas son dramáticas consecuencias de la violación de las leyes”, ha proseguido.

Proceso de aplicación artículo 155

De esta manera, el presidente del govern català debe aclarar antes de las 10  horas del lunes 16 si el martes proclamó la independencia de Cataluña, aunque luego la suspendiera. En el caso de que haya sido así, el ejecutivo le da hasta las 10  horas del jueves 19 para rectificar y restaurar el orden constitucional. Si no, advierte la comunicación que firma Rajoy, se activará de forma inmediata en el Senado el artículo 155 de la Constitución.

Así, Carles Puigdemont tiene dos posibilidades de recuperar el diálogo con las instituciones del Estado, tal y como él lleva demandando en las últimas 48 horas, dependiendo de su decisión el futuro del proceso catalán, es decir,  el dirigente catalán podría negar que el martes se declarara la independencia en el parlament ya que no hubo ninguna votación más que un compromiso, o bien, confirmar la declaración, pero, en este caso tendría hacer una rectificación pública.

El requerimiento del Gobierno repasa todas las ilegalidades cometidas por el Govern y el parlament y luego suspendidas por el Tribunal Constitucional. Así, menciona la aprobación de la Ley del referéndum y de la Ley de transitoriedad jurídica y fundación de la República. También, la celebración de un referéndum que califica de “ilegal” y que se considera no celebrado por carecer de “cualquier garantía”.

Si Puigdemont no atiende el requerimiento del Gobierno, Rajoy tendrá que enviar al Senado un plan detallado de las competencias que quiere asumir del Govern. Ese plan ya ha sido discutido con representantes del PSOE. Como el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, el Ejecutivo no tendría ningún problema para sacar adelante su estrategia, aunque tardaría varios días en completar los pasos formales que exige el reglamento.