La diputada provincial de Ciudadanos, Mamen Peris ha ha denunciado en el programa Ciclo Empresarial de Capital Radio Com. Valenciana “las presuntas irregularidades cometidas en Divalterra por la contratación de altos directivos”.

Una situación que para la dirigente del partido naranja “resulta inadmisible y es una tomadura de pelo, porque el representante de Cs en Divalterra, Jorge Ochando pidió todos los informes acompañado de un notario y solo recibió uno”. 

Por ello, Peris asegura que “estamos pidiendo la información legitima que nos corresponde sobre un informe por las contrataciones de alta dirección y que recibimos el pasado lunes, después de descubrir que el propio equipo de Divalterra ha llegado a pedir hasta doce informes de diversa procedencia para esclarecer esas contrataciones”.

En opinión de Peris “es increíble que nos encontramos con estas anomalías, porque entonces habremos borrado Imelsa para fundar Divalterra con la intención de seguir con las mismas prácticas irregulares que se produjeron en el pasado”.

Por este motivo, la portavoz provincial de Ciudadanos señala que “no nos temblará el pulso para pedir responsabilidades si vemos que estas contrataciones se han producido de manera irregular”.

Y a este respecto – asegura Peris – una de las cosas que más llama la atención es que el propio equipo de Divalterra haya tenido que pedir doce informes para saber si algo se ha hecho bien o no, y por eso nos preguntamos si se han ocultado o eludido procesos de selección dentro de los cauces del procedimiento público”.

Los órganos de dirección de la empresa pública de la Diputación de Valencia, Divalterra, están retribuidos con sueldos anuales de 50.000 euros al año. Por eso, Peris insiste en que “si se confirma la ocultación de un solo informe habrá que depurar responsabilidades y tendremos que plantearnos por qué la Diputación de Valencia se está gastando un millón de euros en transparencia”.

Para la portavoz de Ciudadanos “si se confirma la existencia de esta documentación estaríamos ante un hecho muy grave que el presidente de Divalterra y de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez tendrá que aclarar. Un motivo – prosigue Peris – por el que habrá que depurar responsabilidades, ya que es inadmisible que los días 1 y 5 de marzo no facilitaran los informes a nuestro representante y por ello, hayamos tenido que ir con un notario, para ni por esas poder obtener la información que estamos reclamando”.

Por este motivo, la diputada naranja señala que “Ciudadanos va a seguir trabajando desde todos los ámbitos competentes para que se aclare si las contrataciones de los directivos de Divalterra se ajustan a la legalidad”.

A este respecto, Peris señala también en los micrófonos de Ciclo Empresarial que “si los partidos políticos reprobasen la actitud de sus dirigentes se lo pensarían dos veces antes de cometer actos irregularidades”.

En lo que concierne al caso de Divalterra, la diputada provincial de Ciudadanos insiste en “por qué se ha eludido el proceso de contratación normal de alta dirección en Divalterra, eludiendo los controles sin pasar ni por el consejo de administración. Se han producido muchos ceses y altas, como por ejemplo el cambio de secretario, así como de otros cargos”.

Además, según Peris “no es normal que haya dos gerencias, mientras que los brigadistas de protección forestal y preservación del medio ambiente, que son la razón de ser de Divalterra, no tengan ni cascos de protección”.

A este respecto, la portavoz de Ciudadanos señala que “no entendemos por qué el presidente Jorge Rodríguez sigue sin convocar al Consejo de Administración de manera urgente y extraordinaria como pidió Cs para que explique las supuestas irregularidades que se están publicando respecto a unas contrataciones que suponen mucho dinero a las arcas públicas”.

Asimismo, Peris señala en Ciclo Empresarial que “PSPV y Compromís no pensaban en gobernar, pero se les olvida que esto de trocear contratos no es algo menor, porque es dinero público y hay unos límites, aunque hablemos de contratos menores”.

Una cuestión que para la diputada provincia es de vital importancia, ya que en su opinión “si nos saltamos los cauces de contratación cometemos automáticamente un fraude de ley y por tanto, incurrimos en prevaricación administrativa.

Parece que se les olvida – prosigue Peris – que el código penal es el mismo para todos y que cuando se realiza una convocatoria hay que concederle la máxima publicidad, para que todas las empresas tengan las mismas oportunidades, porque si damos contratos a dedo cometemos irregularidades administrativas. Además – concluye la portavoz naranja – no entiendo que el Presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, diga que está muy tranquilo cuando hay indicios de actitudes irregulares”.

A este respecto, el presidente de APPV, periodista y analista político, Héctor González, señala que “no está muy claro el papel de transparencia en la Diputación de Valencia y en concreto del diputado Jaramillo, porque da la impresión que se ha creado un entente cordial donde hay un pacto de no agresión entre los socios políticos, aunque luego en la sombra cada uno haga lo que  quiera sin provocar enfrentamientos, lo que deja a la Diputación de Valencia en una nebulosa latente sin rumbo definido”.

Por su parte, el periodista y analista político, Quique Martínez, señala respecto a Divalterra que “hay un caso evidente de enchufismo masivo. Y esto se produce con sigilo, porque toca recolocar a altos cargos que por compromisos políticos hay que ubicar en algún sitio. Es por tanto, un caso de malas prácticas y parece que sea una película de Berlanga”.

Por otra parte, Mamen Peris señala respecto a la situación del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que “aunque un dirigente se gaste en un contrato menor la cantidad máxima de 15.000 con la nueva ley de contratación pública, no incurre en falta salvo que se trocee una cantidad superior bajo este prisma, porque entonces sí que se genera un fraude de ley. A este respecto, lo que dice el alcalde de Alicante no tiene ningún fundamento legal, porque la ley establece un procedimiento que hay que cumplir de manera estricta”.

Y sobre la actitud de Puig en el tema de Echávarri, para Peris “está actuando de manera tibia, porque el auto de procesamiento significa que habrá apertura de juicio oral ya que se han superado anteriores fases que permitían su defensa. Por eso – según la portavoz provincial de Ciudadanos – no entiendo que no se produzca la dimisión, ya que el artículo 5 de los estatutos del PSPV deja claro que cuando un cargo público llega a esa fase de enjuiciamiento debe dejar el acta. Y el colmo es que Echávarri haya perdido el norte poniendo condiciones a su salida”.

Por su parte, Héctor González hace ciertos paralelismos respecto a los casos de Pere Fuset y del propio Gabriel Echávarri, aunque en sentido inverso, ya que en su opinión “mientras que el alcalde de Alicante se ha quedado solo sin el apoyo de sus socios de gobierno, Compromís y Podemos, Fuset está arropado no solo por Ribó si no por el propio PSPV, en la clara estrategia que se mantiene en el Ayuntamiento de Valencia de tener una postura tibia, y por tanto, de no arremeter contra sus socios de gobierno”.

Pero para González, “mientras que el PSPV está cumpliendo este pacto de no agresión, Compromis no ha dudado en criticar y retirar su apoyo a Echávarri. Además, el tema se la ha indigestado al PSPV, porque desde hace medio año no se ha querido interferir, ni desautorizar al alcalde de Alicante ya que es su alcaldía más importante y eso supondría para blanquerías desprestigiar a la propia marca. Y también es cierto – concluye el Pte. de APPV – que aunque Compromis y Podemos haya retirado su apoyo, tampoco han propuesto una moción de censura con lo Echávarri sigue con una minoría precaria que le podría permitir llegar a 2019”.

A este respecto, para Enrique Martínez “la situación del todavía alcalde de Alicante es surrealista, porque hace una semana decía para sorpresa de todos, que podría llegar a ser candidato, mientras que ahora anuncia que no tendría problema de retirarse.

Sin embargo – para Martínez – el telón de fondo de la situación pasa “por una especie de pacto oculto, lo cual justificaría por qué la izquierda no quiere echar a Echávarri ya que en el fondo hay miedo a que la alcaldía acabe en manos del PP si se produce la dimisión un año antes de las elecciones y por tanto no se produzca una moción de censura. Esta situación provocaría que si no hay  nueva mayoría la alcaldía pasaría a la lista más votada, que en este caso es la del Partido Popular”.

Por otra parte, en relación al asunto de Fuset, Enrique Martínez señala que “parece que existe un pacto de silencio en Valencia, ya que el mutismo sobre determinados casos es absoluto. Sin ir más lejos, hace unas semanas el concejal de comercio Carlos Galiana tuvo que ir a declarar por unos temas del Mercado Central y nadie ha dicho nada. Fuset ha tenido la suerte que todo se está produciendo en la semana fallera y eso evita un mayor impacto mediático, pero transcurridas las Fallas habrá que ver si está beneficiando a sus amigos, presuntamente, ya que si eso se demostrara quedaría en una situación muy complicada”.

Puedes escuchar el programa completo en el siguiente enlace al podcast del programa Ciclo Empresarial de Capital Radio Comunidad Valenciana …