El Consell Audiovisual Valencià deberá velar para que la CVMC dediquer una parte de su presupuesto a los convenios con el resto operados públicos locales y comarcales

 

Corregir los errores del pasado. Ese es uno de los objetivos de la nueva ley de creación del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, aprobada por el pleno de Les Corts, con los votos a favor de PSPV, Podem, Compromís y Ciudadanos y el rechazo del PP-CV.

La  nueva normativa nace con el consenso mayoritario de las dos terceras partes de la cámara, y entre sus objetivos, incluye varias disposiciones para corregir algunos de los errores detectados en la ley de creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), que perderá el monopolio absoluto del espacio audiovisual valenciano, pues, a partir de la nueva ley lo deberá compartir con el resto de operadores públicos y privado que actúan en el territorio valenciano.

De esta manera, la Comunitat tendrá un Consell Audiovisual Valencià, como autoridad independiente, encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarias en el ámbito de los medios audiovisuales. Además, será una entidad de derecho público con autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier control político en sus decisiones.

Así, la ley establece, entre sus objetivos, la obligación del Consell Audiovisual Valencià de fomentar y velar que la CVMC y la resto operados públicos locales y comarcales, como la Xarxa de Valenciana de Radios Municipales, desarrollen sinergias público-privadas que permitan dinamizar las inversiones públicas en el sector audiovisual valenciano local en su conjunto, es decir, intercambiar contenidos y producción conjunta de espacios audiovisuales, desde la independencia de cada uno, con el objetivo de ofrecer servicios de más calidad a los ciudadanos y conseguir un ahorro de costes.

Dicha colaboración, según establece la ley, será en igualdad de condiciones, y nunca la corporación podrá actuar como dueño de los servicios públicos, debiendo de tratar por igual al resto de espacios públicos. Así, una retransmisión de Pilota Valenciana o de unas fiesta, podrían ser producidas por una cadena de televisión local, y cedérselas al ente autonómico, o viceversa.

En este sentido, la ley dota al Consell Audiovisual Valencià de las competencias para gestionar el Archivo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que incluye la totalidad de contenidos propiedad de la Generalitat, y de la antigua Radio Televisión Valenciana (RTVV), que podrán cederse a cualquier entidad audiovisual para su difusión gratuita, es decir, que CVMC no será la única entidad que podrá usar y emitir dichos contenidos.

De igual manera, la nueva ley trata de corregir el exceso de ex trabajadores de RTVV en la nueva cadena autonómica. Así, la norma incluye que la oposición para la provisión definitiva de puestos de trabajo en la nueva radio y televisión valenciana se celebrará dentro del plazo máximo de tres años. En ellas se valorará la experiencia en la extinta RTVV, la CVMC o en otro ente audiovisual público, aunque “no podrá suponer la exclusión por completo de quien no cuente con alguno de estos méritos”. Es decir, se pretende que se puedan incorpora otros profesionales que no hayan trabajado en la antigua RTVV.

Composición consejo

Uno de los aspectos de la nueva ley, que más ha tensado la creación del Consell Audiovisual Valencià, ha sido su composición y se ha conseguido desbloquear con el compromiso de tramitar una proposición no de ley para que el presidente de este órgano sea elegido por Les Corts y que el Consell elija a dos miembros pero “previa su comparecencia” en la cámara autonómica para evaluar “su idoneidad”.

Durante el debate, el diputado de Podem, Antonio Montiel, ha mostrado su rechazo a la forma de elegir a los miembros de este órgano al considerar que se ponía en riesgo su independencia del poder político porque dos de sus siete miembros era elegido por el Consell, mientras que Les Corts escogían a cinco, lo que conlleva que un tercio los miembros eran designados por el ejecutivo autonómico, mientras que  el jefe del Consell designaba al presidente del Consejo de entre los siete miembros.

Ante esta advertencia, se ha suspendido la sesión plenaria durante 25 minutos para pactar entre todos los grupos una enmienda transaccional que finalmente no ha salido adelante porque el PP-CV ha rechazado firmarla y sin la rúbrica de todos los grupos no puede debatirse.

El popular, Jorge Bellver, ha achacado la decisión a dos motivos, en primer lugar que no era su  responsabilidad que “Podem le marque un gol por la escuadra” a las otras formaciones, y el segundo porque considera que ha habido meses “suficiente” para llegar a un acuerdo. “Hasta que no ha llegado el órdago de Montiel no han estado dispuestos a ceder, pues acéptenle la enmienda o vótenla”, ha espetado al resto de formaciones.

Al final, se ha conseguido sacar adelante la norma al alcanzar el compromiso de presentar la proposición no de ley para su trámite por lectura única en un pleno de Les Corts que contemple los nuevos compromisos.

Sector libre, plural e independiente del poder político

Durante el debate parlamentario, el diputado de Ciudadanos, Toni Subiela, ha considerado “esencial” la creación de este organismo para que “los medios de comunicación velen por los derechos y libertades y que no pase en otros territorios en los que la libre expresión de ideas y opiniones y el derecho ciudadanía a recibir información plural y veraz se impide sistemáticamente”.

Subiela entiende que la Comunita necesita “un sector libre, plural e independiente del poder político que genera actividad económica de forma eficiente y en el que prevalezca el sentido común y la profesionalidad siempre alejado de ideologías totalitarias y sectarias que tanto daño hacen al sector audiovisual”.

Desde Compromís, su portavoz, Fran Ferri, ha destacado que el espíritu de la norma es “situar el modelo audiovisual valenciano más cerca de los de Europa y más lejos de la triste realidad que supone el español”. En su opinión, así se traslada competencias que ahora tiene el gobierno a un “órgano independiente” como son las licencias de TDT, la redacción de los pliegos de condiciones para concursos de medios de comunicación o posibles sanciones.

Ferri entiende que, con esta norma se da un paso para “contar con un modelo audiovisual avanzado que deje atrás décadas de manipulación y uso partidista de los medios públicos”.

La parlamentaria socialista, Mercedes Caballero, ha reivindicado la necesidad de ciudadanos “libres, informados y formados” con medios “plurales sin injerencias de los poderes políticos”, y  ha asegurado que la nueva ley marcara un punto y parte en el sector audiovisual valenciano: “no queremos medias verdades, grandes mentiras ni más viernes negros. No queremos más dimisiones, ni injerencias y de esto va esta ley, de que por fin se velara por los derechos de los ciudadanos y también de los medios de comunicación”,

Por el contrario, el diputado del PP-CV,  Jorge Bellver, ha acusado al ejecutivo de querer un Consell Audiovisual Valencià “a su servicio, pagado con dinero público y en manos de sus amigos”.  A su juicio, “lo que han hecho con esta ley es poner todo lo que tiene ver materia audiovisual en manos de sus amigoa”, ha

Bellver también se ha dirigido a la bancada de Ciudadanos  para manifestarles que le “costaba creer” su apoyo a esta norma: “no puedo entender que hagan viable lo que no quieren para Cataluña porque allí en su programa abogan por cerrar el consejo audiovisual catalán”. En su opinión, “se están convirtiendo en colaboradores necesarios del tripartito y se han convertido en el celofán de la catalanización de esta tierra” porque les ha recriminado que hayan dotado a la Comunitat de medios al servicios del Consell y para “crear chiringuitos”.