El equipo de gobierno municipal, como responsables actuales de Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), por entender que en la anterior gestión de la empresa pública se habían producido daños económicos irreparables

 

El Juzgado Mercantil de Valencia ha admitido a trámite la acción de responsabilidad social presentada por la actual junta general de Iniciatives Públiques de Gandía (IPG) contra los ex consejeros de la empresa pública de Gandía, entre ellos, el anterior alcalde, Arturo Torró, y el ex vicepresidente, Javier Reig,  y los consejeros, Víctor Soler, Lola Moncho y Guillermo Barber.

La demanda  se presentó en noviembre del 2017, al considerar que se habían producido daños económicos irreparables en el patrimonio de la mercantil pública. Concretamente, a cada uno de ellos, se les reclama en la demanda ‘solidariamente’ el importe de  3,3 millones de euros, salvo a Lola Moncho, que se le reclama 815.624,98 euros por haber estado un periodo menor de tiempo en el cargo de consejera de la empresa pública de Gandia.

La acción de responsabilidad social es una demanda mercantil que pretende que el Ayuntamiento de Gandía recupere el dinero que los anteriores gestores de IPG ocasionaron con su mala praxis.

Más de 28,4 millones de pérdidas

Según fuente del actual gobierno municipal durante el periodo que el PP gobernó Gandía, la empresa pública IPG tuvo unas pérdidas por importe de 28,4 millones de euros.  Ante esa cantidad, los miembros del gobierno municipal (PSPV-Más Gandía), con el apoyo de Ciudadanos, interpusieron este recurso, con el voto contrario del Partido Popular, para recuperar parte de los 28,4 millones de euros de las pérdidas generadas por la gestión de los anteriores consejeros populares.

Así, el periodo que se juzgará es aquel en el cual el Partido Popular promovió acciones que se alejaban del objeto social de la empresa y del interés social. Entre otros, la compra del concesionario de la Citroën por 3,9 millones de euros, la reforma del mercado municipal de Prado por 1,2 millones, el alquiler de la discoteca Cocoloco, la compra del bowling, la gestión de los conciertos de verano o las millonarias inyecciones en publicidad a distintas empresas.

Fuera de la demanda, restan aquellos aspectos que están estudiándose en el juzgado penal cómo, por ejemplo, el caso Tele 7 o los impagos a entidades bancarias.