Imelsa o Divalterra, qué más da el orden de los factores se preguntaran algunos, si el resultado es el mismo en cuanto al destape de casos de corrupción, causas judiciales, operaciones de intervención y desfile de políticos por los calabozos y juzgados valencianos. 

Pero de verdad ha cambiado algo de cara a la imagen reputacional valenciana, que al final es lo que les importa a los habitantes de esta tierra con la llegada de los presuntos salvadores del PSPV y Compromís, tras el lamentable espectáculo ofrecido por el Partido Popular años atrás? O ¿es que acaso “los valencianos cómo nos acostumbramos a todo”, según Mónica Oltra, tenemos que seguir soportando bochornos nacionales con la UDEF o la UCO interviniendo sin parar las cuentas públicas valencianas, porque no pueden existir dirigentes políticos honestos de verdad capaces de llevar las riendas de la gestión en nuestras instituciones? ¿Es que además nadie conocía los presuntos amaños en las contrataciones irregulares en Divalterra, tanto a nivel de co-gerencia como en lo que respecta al núcleo de trabadores zombies, que ni aparecían por la empresa pública con sueldos de 50.000 euros anuales, cuyos porcentajes se convertían además en mordidas para sus patronos del PSPV y Compromís, a excepción de los partidos de la oposición en la diputación de Valencia como Ciudadanos y PP que han denunciado la situación reiteradamente?

De hecho, el desencadenante de la historia pasa porque Ochando, el consejero de Cs en Divalterra tuvo que acudir con un notario para reclamar la ocultación de información sobre las contrataciones irregulares en la empresa pública, que a la larga han sido el detonante para la intervención de la Fiscalía.

Un proceso que ha sido largo, con Cs y PP como principales fiscalizadores de las irregularidades cometidas en la institución provincial valenciana y que arrancaba según el experto en blanqueo Juan Carlos Galindo allá por 2015, desde el mismo momento en que el tripartito llega al poder valenciano tras los comicios autonómicos y municipales, y donde los ecos y detenciones de Rus y su equipo obligaban a transformar Imelsa en la nueva Divalterra por una cuestión de reputación.

Pero este proceso de regeneración parece que ha durado poco. De hecho tan solo tres años, en los que se incluyen las diligencias previas ante las sospechas de gestión en la presente legislatura, prácticamente desde su propio comienzo.

Por tanto, ante esta tesitura, el PSPV y Compromís empiezan a tener un problema, y por extensión la imagen reputacional de una clase política valenciana que languidece por los cuatro costados y que pone en tela de juicio, de cara a los ojos de los ciudadanos, la credibilidad de sus dirigentes con la independencia de a qué partido pertenezcan.

La Operación Alquería que se salda de momento con la detención del ya defenestrado ex pte de la Diputación de Valencia y ex alcalde de Ontiyent, Jorge Rodríguez, junto con su núcleo de colaboradores más cercano, supone, ante todo, un varapalo a la reputación de Ximo Puig y Mónica Oltra.

Por ello, ambos dirigentes deben reconducir la situación de saneamiento no solo en el interior de Divalterra si no en el de cualquier institución que pueda encontrarse bajo la sombra de la sospecha, tanto por su propio bien y el de sus respectivos partidos si no por el de la propia salud política valenciana.

Es hora por tanto, de marcar la temida línea roja para algunos y concienciarse de que esta lacra que persigue a una parte de la política valenciana debe limpiarse desde dentro, tomando las decisiones que haya que tomar, antes de que tengan que seguir actuando de oficio la UDEF, la UCO o cualquier órgano judicial que aporte transparencia a las graves consecuencias que genera nuestro lado oscuro político.