La Audiencia Nacional también condena a Serra, Ibañez y García, mientras que absuelve a Rambla, y sustituye las penas a los empresarios por multas

 

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto penas de entre 9 meses y 6 años de prisión a dieciocho de los veinte acusados por la trama valenciana del caso Gürtel, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008.

De esta manera, el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha sido condenado a 4 años, mientras que a Francisco Correa le han caído 5 años y 3 meses de prisión, Pablo Crespo a 5 años, Álvaro Pérez a 6 años y 9 meses y. A todos ellos se les ha aplicado la atenuante de confesión o colaboración activa en el esclarecimiento de los hechos y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza.

Entre los condenados figuran asimismo Cándido Herrero, a quien se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel; y el asesor financiero, Ramón Blanco Balín, condenado a 3 años. Además, la ex gerente del PP-CV, Cristina Ibañez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el ex vicesecretario popular, David Serra, a 3 años y 8 meses; y la ex tesorer, Yolanda García, a 4 meses.

En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Pública.

Por último, el Juzgado Central de lo Penal ha absuelto al ex vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y se ha sustituido por multas las penas de cárcel que correspondían a los empresarios que reconocieron los hechos, y que habían sido quienes financiaron los actos del PP a cambio de adjudicaciones. Entre estos empresarios se encuentran nombres como Vicente Cotino, sobrino del ex president de Les Corts, y también investigado  por otros delitos similares, el alicantino, Enrique Ortiz, investigado en el caso Brugal, junto a José Vicente Bevía, Alberto Gabriel Batalla, Tomás y Rafael Martínez Berna y Alejandro Pons, entre otros.

De igual manera, la sentencia se salda sin una condena para Francisco Camps porque, según dice el auto, el reconocimiento de los hechos llegó tarde, cuando ya habían prescrito los delitos por los que podría haber sido acusado.

El PP-CV no ha sido acusado penalmente porque los hechos tuvieron lugar antes de que el código penal permitiera perseguir a los partidos políticos. Tampoco como partícipe a título lucrativo, en contra de lo que ha sucedido en la pieza principal del caso Gürtel, porque tal y como explicó la Fiscalía, el delito electoral es de naturaleza falsaria, y esto cierra la vía a la responsabilidad civil.