El ejecutiva central también la deuda del 350 millones del Consorcio de La Marina de Valencia y una refinanciación de 1000 millones de euros de deuda

 

La decisión del conseller de Hacienda, Vicent Soler, de abstenerse en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y ser la única comunidad autónoma gobernada por los socialistas que no votó a favor de la nueva senda de déficit ha tenido consecuencias para la Comunitat Valenciana. Y éstas no han sido negativas, todo lo contrario, pues, supondrá más recursos económicos para 2019. Al menos, así se ha acordado en una reunión exprés, que han mantenido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, previa a la reunión telemática Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que han participado los consejeros de hacienda.

En esta reunión el Consell de la Generalitat ha pasado de la abstención en la pasada reunión del consejo al sí a cambio de una serie de ventajas económicas y más recursos.  Así, según fuentes de Presidencia, la Comunitat, entre el aumento del déficit autorizado y las cantidades del IVA de las que vamos a poder disponer gracias al acuerdo, ingresará 500 millones de euros adicionales y tendrá una refinanciación de 1000 millones de euros de deuda.

Además, a esta cantidad hay que incluir una vieja reivindicación del Consell como es la asunción por parte del Estado de la deuda del Consorcio de la Marina 2007, cifrada en torno a 350 millones, y que ya no tendrá que tendrá que hacer frente la Generalitat en sus cargas financieras, y que el gobierno central asumirá a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Estos datos, según Ximo Puig, suponen “cambio de actitud general que es especialmente beneficioso para la Comunitat Valenciana”, ya que “hemos pasado de un Gobierno que nos ahogaba financieramente por otro que nos da el oxigeno que hemos pedido siempre como Consell y asume las medidas transitorias que hemos defendido siempre, y que permitirán contar con 850 millones de euros más tras los acuerdos alcanzados con el Gobierno en el marco de las negociaciones sobre la senda de estabilidad para el periodo 2019-2021”.

Puig ha detallado otros avances conseguidos como “el compromiso” del Ministerio de Hacienda para corregir el efecto derivado de la aplicación del sistema de recaudación del IVA en el conjunto de las Comunidades Autónomas, aprobado por el anterior Gobierno central, y que para los valencianos habrían supuesto la pérdida en 2019 de unos 250 millones de euros. Se trata de 250 millones que la Comunitat tenía que devolver en 2019 y que, gracias al acuerdo con el Ministerio, ya no se tendrán que reintegrar.

Asímismo, ha destacado que la suavización del límite de déficit hasta el 0’3 % del PIB supone 245 millones adicionales que irán destinados a los servicios básicos esenciales de los valencianos: sanidad, educación y atención social. El president también ha aludido al reciente anuncio del Gobierno para reestructurar la deuda de las comunidades y específicamente de la Valenciana, incluida la refinanciación de 1.000 millones de deuda de corto a largo plazo.

No obstante, el president ha advertido que “no es la solución definitiva, pero es una solución transitoria que permite que podamos afrontar la negociación del cambio de modelo sin que los más débiles sean los rehenes de la falta de recursos”.