Este resultado refleja un agujero de cerca de 150 millones por el impacto en las arcas públicas de cuatro sentencias derivadas de decisiones del anterior ejecutivo autonómico

 

La Generalitat cerró el ejercicio de 2017 con un resultado negativo de 1.368 millones de euros, y que supone una mejora del 48% respecto al año anterior, que alcanzó los 2.636 millones de euros, es decir una reducción de 1.268 millones. Así, se aprobó en el pleno del Consell la Cuenta General correspondiente a 2017, según lo anunciaron en rueda de prensa, la vicepresidenta, y portavoz del Consell, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien aseguró que “es el mejor resultado desde 2008, antes de la crisis económica”, y supone una minoración de casi el 80% del resultado negativo registrado en 2011 (-6.648 millones).

Soler ha detallado que este resultado refleja “un agujero de cerca de 150 millones por el impacto en las arcas públicas de cuatro sentencias derivadas de decisiones del anterior ejecutivo autonómico, al que pertenecieron la actual cúpula del PP-CV”. Según ha explicado, tres de estas sentencias se refieren a irregularidades en la gestión de determinadas infraestructuras, en un caso de la anterior legislatura, así como una operación inmobiliaria, y una cuarta sobre la reducción de tarifas aplicables a las concesionarias de las ITV.

El resultado económico patrimonial es el equivalente a la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas, ya que es la diferencia entre los ingresos-ganancias y los gastos-pérdidas. Pero, obviamente, las administraciones no persiguen el beneficio económico sino ofrecer servicios públicos de calidad. No obstante, es un indicador de la marcha de las cuentas públicas.

Con estos datos, el Consell se sitúa cerca de conseguir el saneamiento financiero de la Generalitat iniciado en 2015 y que prosiguió en 2016 con el afloramiento de provisiones y compromisos no reconocidos o centrifugados al futuro por el anterior Ejecutivo, a expensas de la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica que otorgue a la Generalitat los recursos suficientes para atender a las competencias que tiene encomendadas y que garantice también su sostenibilidad financiera minorando el lastre de la deuda generada por la infrafinanciación.

Respecto a la Cuenta de la Administración, en 2015 el resultado económico patrimonial negativo se situó en 4.543 millones tras aflorar compromisos no reconocidos o centrifugados por el anterior Consell por importe de 3.084 millones. En 2016, este importe se redujo hasta los 2.636 millones después de aflorar nuevas provisiones derivadas de decisiones de la etapa anterior por 929 millones, mientras que en el ejercicio 2017 se ha rebajado aún más hasta los 1.368 millones. Cabe recordar que en 2011 se alcanzó el pico más alto con un resultado de 6.648 millones.

Elevan a 100 millones la demolición de las Torres de Benidorm

Además del resultado económico patrimonial, la Cuenta de la Administración incluye el Balance de Situación, que recoge todos los bienes (Activos) y deudas (Pasivo) de la Generalitat. En el Pasivo, y dentro de las “Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo”, el Consell ha imputado un importe de 669,65 millones, en el que se reflejan, como ya se afloró en su día, 470 millones de la deuda de Feria Valencia asumida como consecuencia de la gestión en la etapa anterior, así como 6,78 millones de la deuda de la Institución Ferial Alicantina o 42,26 millones por ayudas a la vivienda no reconocidas en la anterior legislatura, entre otros.

Sin embargo, la Cuenta General de 2017 ha incorporado nuevas provisiones por importe de 147,5 millones fundamentalmente para hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales derivadas de actuaciones del anterior Ejecutivo. Entre estas sentencias se incluye la del Tribunal Supremo y el auto del TSJ que obligan a demoler las dos Torres de Benidorm, dos edificios de 22 plantas en la zona de servidumbre de costa, así como a indemnizar a los 168 propietarios de los apartamentos de lujo con el dinero que pagaron incrementado en un 20%. La construcción de estas torres, autorizada en 2005 por el anterior Consell pese a los informes técnicos, jurídicos y del ministerio desfavorables, ha sido considerada ilegal por vulnerar la Ley de Costas.

El impacto de esta sentencia se estimó en 72 millones en el auto del TSJ y es lo que figura provisionado en la Cuenta General de 2017, si bien las estimaciones realizadas por la Generalitat aumentan el coste de la operación, debido a la complejidad de la demolición de las torres, hasta los 100 millones. De este modo, el incremento del pasivo en 2017 por sentencias derivadas de decisiones del pasado se elevarían a 175 millones.

Más sentencias derivadas de la legislatura anterior

Otra de las sentencias cuyo coste para las arcas autonómicas ha habido que provisionar es la que reconoce las indemnizaciones exigidas por los contratistas tras la resolución unilateral por parte de la Conselleria de Infraestructuras en la anterior legislatura del contrato de concesión para la construcción y explotación de una nueva autovía en la carretera autonómica CV-95, en el tramo Orihuela Costa. El contrato, adjudicado en 2007 por 466 millones, fue resuelto por la conselleria en 2012 sin establecer indemnización a la empresa.

La conselleria no resolvió expresamente la petición de la indemnización de la empresa pese al dictamen del Jurídic de diciembre de 2014 instándole a hacerlo, lo que habría generado derecho a indemnización solo en concepto del daño real pero no por el beneficio dejado de percibir. El fallo, ratificado por el Supremo, fija una indemnización de 9,5 millones, más intereses.

Otro fallo se refiere a las modificaciones, dilaciones y ampliaciones de plazo en ejecución de la obra Acceso norte a Alicante (Avenida Denia), que obliga a la Generalitat a abonar al contratista 14,7 millones de euros, con lo que el coste final de la obra ascenderá a 64,4 millones, un 90% más que el precio inicial de adjudicación (33,8 millones)

Asimismo, la Generalitat ha tenido que provisionar 46,55 millones, según la estimación realizada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sector Público, Comercio y Trabajo, por las obligaciones que pudieran derivarse de la sentencia 523/17, de 30 de mayo de 2017, que anuló el acuerdo del Consell del 28 de marzo de 2014 mediante el que se redujeron sin un estudio económico-financiero las tarifas de las concesionarias de la ITV en las pruebas de emisiones contaminantes y comprobación sonora.

Rechazo del Fla

El conseller también ha rechazado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un sistema que considera “un engaño, una estafa, pero al que no hay más remedio que acudir. Es como una respiración asistida para poder llegar a final de mes, a final de año”, y ha recordado que “la Comunitat lleva esperando seis años y no puede esperar otros dos porque estamos hartos de vivir de préstamos”, ha

Sobre las principales magnitudes que componen el Balance de la Cuenta General, figura el Activo, que incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad de la Generalitat y que asciende a 20.995,02 millones, cifra que supone un aumento del 4,06% respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, en el Pasivo, cuyo total general coincide con el Activo al sumar 20.995,02 millones, se refleja que los Fondos Propios negativos se sitúan en los 29.294,80 millones de euros, mientras el pasivo exigible, con un aumento del 4,16%, asciende a 50.289,8 millones debido básicamente al FLA ante la ausencia de un sistema de financiación justo y las nuevas provisiones.

El pasivo exigible está compuesto por los acreedores a largo y corto plazo, que suman 49.589,5 millones -de los que 37.131 millones corresponden al FLA- y las provisiones para riesgos y gastos tanto a largo como a corto. Cabe apuntar que estos epígrafes han sido reestructurados atendiendo a las recomendaciones de la Sindicatura, según se trate de deudas con el Estado derivadas del sistema de financiación, de mecanismos extraordinarios u otras deudas. Así se ofrece un mejor desglose de la información según el origen de las deudas.

En relación a la Cuenta 409, asciende a 921 millones, 6,1 millones menos que en 2016, sin incluir los gastos por la financiación de los colegios construidos por el IVVSA en virtud del convenio de 1999, que tampoco se incluían en 2016. En el global, figura anotaciones heredadas del pasado, que no comportan una deuda efectiva, como 210 millones por los colegios construidos por Ciegsa según convenio de 2001 pendientes de reconocer, o las ayudas a la vivienda no reconocidas de la anterior etapa (21 millones).

En cuanto a la Cuenta 411, asciende a 289,9 millones, frente a los 829,69 millones de 2016. La reclasificación ha supuesto que solo haya que anotar el importe a abonar en 2017 del convenio con las universidades suscrito en 2008, mientras que el resto de anualidades ha pasado a registrarse en epígrafes “Otras deudas a largo plazo”. Los mismo sucede con las obras realizadas mediante el método alemán y centrifugadas al futuro en la anterior etapa, de forma que en la 411 se anotan los importes de la anualidad (34,17 millones método alemán y otros 5,3 de otras obras con pago aplazado) y se deriva el resto que vencerá en ejercicios posteriores a deudas a largo plazo, a instancias de la Sindicatura.